El Consejo Bancario se niega a colaborar en la investigación de las cuentas de Amedo

El Consejo Superior Bancario, organismo consultivo del Ministerio de Economía y Hacienda, se niega a oficiar a las entidades bancarias que investiguen todas las cuentas corrientes y de crédito, así como sus movimientos, del subcomisario de policía José Amedo Fonce. El juez de Bilbao encargado del caso Brouard habla solicitado recientemente al Consejo Bancario la investigación de todas las cuentas de Amedo, información considerada en medios judiciales como decisiva para aclarar la supuesta relación del policía con los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), conocer los pagos realizados y en qué lugares, así como la procedencia del dinero que era ingresado en las cuentas de Amedo.

El juez encargado del caso Brouard, sumarlo declarado secreto actualmente, ordenó al Consejo Superior Bancario que tramitase a cada entidad bancaria dicha investigación para conocer todas las cuentas corrientes y de crédito del subcomisario Amedo. El juez ordenó esta investigación tomando en cuenta la petición del abogado Emilio Rodríguez Menéndez, letrado del hasta ahora único procesado en el caso. El secretario general de dicho consejo, José María Latorre Segura, ha respondido a la petición judicial afirmando que esta entidad "desconoce los datos de cuentas corrientes o libretas, así como de cualquier otra operación que los bancos puedan celebrar con sus clientes, ya que estos datos son privativos de cada establecimiento de crédito, por lo cual, al desconocer la mencionada infor

mación, no puede remitirse a ese juzgado". Latorre añade que dicha información sólo "podría ser obtenida y, en su caso, facilitada directamente por las entidades de crédito".El Consejo Superior Bancario explica que "no conoce ni está facultado para recabar de ninguno de los bancos miembros datos individualizados respecto de sus clientes ni intervenir en las relaciones entre la banca y su clientela".

Obligación

Fuentes judiciales y de la abogacía consultadas por este periódico aseguran que el consejo, como es sabido, desconoce esa información, pero está obligado a tramitar a cada entidad bancaria la petición judicial de investigación de cuentas corrientes, como lo ha hecho en anteriores ocasiones. Dichas fuentes añaden que existe una sentencia del Tribunal Constitucional que establece que las entidades bancarias están obligadas a informar de los movimientos de cuentas siempre que sea a efectos judiciales.

Dichas fuentes consideran que la postura de dicho organismo pretende obstruir la investigación de las supuestas relaciones de Amedo con los GAL cuando, de hecho, ya se han obtenido muchos datos sobre sus cuentas, y especialmente para ocultar la procedencia del dinero que era ingresado en las cuentas del subcomisario.

Las mencionadas fuentes añaden que si se conoce una cuenta en un banco concreto, el juez ordena la investigación a dicha entidad; pero en el caso en que puedan existir cuentas en entidades desconocidas hasta ahora, la fórmula habitual es requerir al consejo que trámite la investigación a todos los bancos.

El Consejo Superior Bancario es un organismo consultivo del Ministerio de Economía, cuyo presidente es el secretario de Estado de Economía, Guillermo de la Dehesa, y está vicepresidido por el subgobernador del Banco de España, Juan Antonio Ruiz de Alda. Este periódico transmitió ayer por la tarde a estos dos altos cargos, a través de sus gabinetes de prensa, esta información para recabar su versión de la noticia, sin que expusieran su opinión.

Por otra parte, el juez Baltasar Garzón, encargado de instruir el sumario sobre las relaciones de ftincionarios de policía con los GAL, ha fijado una fianza de un millón de pesetas para poder ejercer la acción popular en, el caso.

El miércoles, 104 personas, en su mayoría miembros de la Asociación contra la Tortura, presentaron una querella contra el subcomisario José Amedo y el inspector Michel Domínguez por presuntos delitos de terrorismo debido a sus relaciones con los GAL.