La ley europea de fugas

HACE YA más de dos semanas, tres terroristas del IRA fueron abatidos a tiros en Gibraltar por miembros de las fuerzas especiales del Ejército británico. La protesta por el episodio produjo, de entrada, tres muertes más. Posteriormente, en el entierro de los terroristas en Belfast, y ante la ausencia clamorosa de cualquier representación de la fuerza pública, un terrorista protestante acudió al cementerio y lo sembró de granadas y muerte. Y en el entierro de las tres víctimas de este incidente, dos soldados británicos que se cruzaron con el corte o fúnebre fueron linchados y sumariamente ejecutados contra la tapia del camposanto. Anteayer, un volicía británico resultó muerto en un emboscada del IRA y un joven protestante fue asesinado por error. ¿Cuántas más víctimas deberán ser achacadas al múltiple homicidio de Gibraltar, sobre el que recae una pesada responsabilidad moral y política de los Gobiernos español y británico?La más elemental lógica presta a esta cadena de acontecimientos un tinte perverso. Alguien ordenó la ejecución en Gibraltar. Alguien ordenó que se dejara pasar a los tres terroristas en automóvil por los controles de policía de la verja y que se les siguiera hasta donde aparcaron el coche. Alguien ordenó que se les permitiera andar unos centenares de metros y luego se les matara con todas las características de la alevosía y la premeditación. Ese alguien no podía ignorar, porque el problema del Ulster no es de ayer, que la muerte de los tres miembros del IRA tendría consecuencias sangrientas en el norte de Irlanda.

Mal puede decir el ministro de Asuntos Exteriores español que el tema es privativo del Reino Unido, cuando la intervención española en el incidente fue decisiva. Mal puede el Gobierno español, el ministro del Interior y su policía encogerse de hombros. Madrid es también políticamente responsable de esta sarta de inmundos errores que ha costado ya la vida a buen número de personas. Es de suponer que los servicios secretos británicos informaron a los españoles de que unos terroristas irlandeses cruzarían nuestro territorio; eso es normal. Lo que no es tan normal es que las autoridades españolas decidieran dejar a los tres campar por sus respetos y preparar la acción criminal que iban a perpetrar. Y mucho menos que los terroristas no fueran detenidos por las autoridades españolas y entregados a las británicas tras el debido proceso de extradición, con lo que hubieran salvado la vida tanto ellos como otras 10 personas inocentes (las víctimas de la violencia en Irlanda del Norte durante la pasada semana). El Parlamento español debería abrir una investigación sobre la actitud del Gobierno, pero no lo hará porque la mayoría socialista se ha opuesto siempre a fiscalizar los actos de un Gabinete del que es emanación y al que presta rotunda y vergonzante obediencia. La oposición de derechas tampoco se ha de mostrar muy interesada en saber si Londres y Madrid han utilizado la ley de fugas, porque la ley de fugas es el mejor remedio que a la derecha se le ocurre para acabar con el terrorismo.

Por si los errores no fueran pocos, el lógico deseo de esclarecer el linchamiento ha llevado al Gobierno de Londres a pedir a las cadenas de televisión que suministren los vídeos correspondientes. Las emisoras, en defensa del derecho de información, se han negado con toda razón, señalando que su obligación no es actuar como instrumento de la policía, sino como servicio informativo al público. Es preciso averiguar ahora las consecuencias de este incidente con vistas a la colaboración antiterrorista europea. Hechos como el de Gibraltar son extremadamente perniciosos para su contínuada eficacia. El Grupo de Trevi, de ministros del Interior comunitarios, desarrolla una actividad útil en la represión del terrorismo en todas sus formas. Sus parámetros de actuación han resultado muy complicados de definir, y, razonablemente, lo han sido por mínimos más que por máximos: la represión requiere rapidez, eficacia tacto político; nunca ilegalidad.