La política española en África austral

La existencia en Suráfrica de un sistema político en el que el status jurídico de la persona viene determinado por su adscripción a un determinado grupo racial constituye un desafío a los principios sobre los que se asientan las sociedades libres. La comunidad internacional condena unánimemente este sistema que tan gravemente conculca los derechos inalienables de la persona humana, cuyo respeto y observancia vienen impuestos por el derecho internacional y en particular por la Carta y las resoluciones de las Naciones Unidas.Por tal motivo, el Gobierno español, animado además por la filosofía democrática que late en nuestro texto constitucional, y consecuente con la importancia que otorga a la defensa de los derechos humanos en la esfera internacional, ha desarrollado hacia Suráfrica una política que trata de estimular el tránsito pacífico hacia una sociedad justa y democrática, libre de todo vestigio de discriminación racial.

A este respecto, España desempeña en el seno de las Comunidades Europeas una posición avanzada, denunciando sin ambages la injustificable opresión que sufre la mayoría de color en Suráfrica a manos de un Estado que cuenta para ello con formidables mecanismos de represión política.

El Gobierno español contempla con honda preocupación la pervivencia del actual estado de emergencia, bajo cuyo amparo se ahoga la voz de las principales organizaciones de la oposición, se limitan y prohiben los derechos de expresión y manifestación y se detiene y encarcela masivamente. El Gobierno de Pretoria, al adoptar y ampliar esta legislación de emergencia, no hace sino dificultar el camino del diálogo con los representantes de la mayoría de color, algunos de los cuales, como Nelson Mandela (que ha compartido con el Rey de España el Premio Simón Bolívar de la Unesco), padecen cautiverio desde hace ya varias décadas.

Medidas restrictivas

En estas condiciones, España, junto con sus socios comunitarios, ha solicitado reiteradamente el levantamiento del estado de emergencia, la liberación de todos los presos políticos y la legalización de las organizaciones antiapartheid, llamamientos que, desgraciadamente, el Gobierno de Pretoria viene desoyendo con reiterada obstinación. España lamenta que las autoridades surafricanas no hayan dado los pasos necesarios para iniciar el indispensable diálogo con los genuinos representantes de la oposición que permitan sentar las bases adecuadas para garantizar los derechos y libertades de todos los ciudadanos de aquel país.

Si bien España participa de la convicción de que la imposición de sanciones al régimen surafricano se hace necesaria, en cambio no apoya la posición de quienes propugnan sanciones globales e indiscriminadas por los riesgos de desestabilización que ello reportaría a la propia sociedad surafricana.

España se alinea, en este sentido, con las posturas de la Comunidad Europea, cuyo Consejo de Ministros aprobó en 1985 y 1986 sendos paquetes de medidas restrictivas contra suráfrica que han sido escrupulosamente aplicadas por el Gobierno.

Tales medidas han supuesto el embargo de exportaciones e importaciones de armamento y material militar y paramilitar hacia Suráfrica o proveniente de ella, y ha cerrado todo contacto en materia de cooperación militar mediante el rechazo de nuevas acreditaciones de agregados militares surafricanos en Madrid.

España ha extendido asimismo las medidas restrictivas a las relaciones deportivas y al campo de la cultura, y los contactos con aquellas autoridades han quedado prácticamente relegados, hoy por hoy, a los estrictamente diplomáticos.

Esta política de medidas selectivas comprende también la suspensión de exportaciones de petróleo y sus derivados, la prohibición de cualquier nueva colaboración en el sector nuclear, la suspensión de las importaciones de monedas de oro y de ciertos productos siderúrgicos de la República de Suráfrica. Por último, el Gobierno español ha decidido suspender por decreto-ley cualquier nueva inversión directa española en aquel país.

Paralelamente a la imposición de las medidas referidas, España participa como país comunitario en el programa de medidas positivas, que incluye proyectos de ayuda en ámbitos tan variados como la educación, la sanidad o los medios de comunciación social, y cuya última finalidad no es otra que la de desarrollar en el interior de Suráfrica aquellas iniciativas que tiendan a promover el bienestar material, social y cultural de la mayoría de color.

Junto al programa comunitario, nuestro país ha desarrollado su propio programa de medidas positivas, fijando su atención en proyectos cuyo objetivo es también tratar de aliviar los efectos negativos que se derivan del sistema del apartheid para la mayoría de color.

Igualmente se promociona el cumplimiento riguroso de las normas contenidas en el código de conducta comunitario por parte de las empresas españolas que operan en Suráfrica para hacer posible la igualdad de todos los trajadores y el pleno disfrute de los -derechos laborales y de las libertades sindicales sin distinción racial.

El Gobierno español advierte con extrema inquietud cómo los efectos de la política del apartheid desbordan las fronteras de la nación surafricana y condena los efectos pertubadores de esta acción desestabilizadora en los países de su entorno, sobre los que se proyecta una estrategia tendente a mantener dependientes a aquellas economías.

Esta dependencia, unida a la fragilidad de las estructuras políticas y económicas de estas naciones, las convierte en fáciles rehenes de esta política de desestabilización directa o indirecta. Nuestro país se une al esfuerzo de otros países occidentales que conceden a aquella zona una importancia creciente en sus políticas de cooperación, facilitándoles, en la medida de nuestras posibilidades, un creciente volumen de recursos para su desarollo, principalmente a Angola y Mozambique. Asimismo, España participa activamente en la SADCC, organización económica internacional que agrupa a todos los Estados de la región y que canaliza cuantiosos recursos financieros de países y agencias donantes con el objetivo de promover la cooperación económica entre aquellas naciones y disminuir su dependencia respecto a Suráfrica.Conclusión

El apartheid es una realidad lacerante para África y para la comunidad internacional. La inextricable mezcla de factores presentes y el potencial explosivo que de ello se deriva para Suráfrica y para toda la región exigen de los países occidentales considerables dosis de cautela, inteligencia y firmeza.

Movida por la convicción de que no se puede renunciar a la esperanza de un cambio pacífico que surja de dentro mismo de la sociedad surafricana, España trata de incidir en aquellos ámbitos en los que su acción puede promover el tránsito político y social deseado. Nuestro país no dejará de denunciar el apartheid en los distintos foros internacionales y de ejercer la política hasta ahora seguida, en la confianza de poder allanar el camino hacia un futuro multirracial y democrático en África del Sur, alejando así la sombra de un baño de sangre que ponga lúgubre remate a tantos años de segregación racial.

El tema adquiere una dolorosa vigencia, precisamente cuando el Gobierno de Pretoria tiene pendientes de ejecución a seis militantes conocidos como los seis de Sharpeville, a pesar de las numerosísimas peticiones de clemencia que han llegado de todas las partes del mundo, entre las que se cuentan las del Gobierno y el Parlamento españoles. En este sentido, hoy resulta menos exagerado que nunca decir que estamos en presencia de la mayor vergüenza de este fin de siglo.