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Entrevista:

Belloch: "El poder judicial está obligado a tener su propio discurso"

MadridJueces progresistas y conservadores se han dado la mano por primera vez para buscar una salida a la situación de deterioro del servicio de la justicia. No se trata de un frente político contra el Gobierno ni de un frente corporativista. Se trata de convencer al Gobierno de que adopte las medidas necesarias para que el aparato judicial funcione con las debidas garantías. El Consejo del Poder Judicial ha asumido, los planteamientos de los jueces. Juan Alberto Belloch, de 37 años, veterano dirigente de Jueces para la Democracia y presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Bilbao, evalúa estos acontecimientos.

Pregunta. ¿Qué ha ocurrido para que los jueces progresistas se alíen con los conservadores y juntos amenacen hasta con la huelga al Gobierno?Respuesta. Esta relación asociativa no es como se ha dicho en algún caso un frente común contra la política judicial del Ejecutivo. Tampoco constituye una actuación corporativa. En realidad, se trata de una reflexión común de todas las asociaciones profesionales de jueces sobre los planteamientos que podrían asumir conjuntamente, al margen de la opción ideológica o gremial para intentar hacer frente a la situación de deterioro de la Administración de justicia. Evidentemente, es un proceso que viene de atrás y que no se ha producido de un día para otro. Las asociaciones de jueces, cada una por su cuenta, y Jueces para la Democracia, en particular, hace años que vienen planteando sus propias opciones para frenar la degradación del servicio judicial. En estos momentos, la situación ha llegado a un límite en que es razonable dudar de que la justicia pueda cumplir su función constitucional. Nuestro objetivo central es que una empresa privada de consultores realice un estudio a fondo de cuál es la potencialidad real del actual servicio judicial, qué se puede hacer con él y qué métodos de gestión hay que introducir para su racionalización. ¿Se puede decir que es corporativista un movimiento que lo que esencialmente pretende es que se instaure un proceso de auditoría y de control de su propia actividad interna?

P. Pero, aun con esos matices, la impresión es que Jueces para la Democracia han roto con la actitud, al menos de no beligerancia, que venían manteniendo frente al Gobierno socialista.

R. Comprendo que esa interpretación se pueda dar. Pero la verdad es que no entra dentro de nuestras intenciones ni de nuestra voluntad cambiar de trayectoria. Para nosotros, lo decisivo en este caso era que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se atreviera finalmente a velar y a asumir, en definitiva, un discurso autónomo respecto del discurso del poder ejecutivo. Lo cual no supone un discurso de confrontación. Para nosotros resultaba inaplazable, precisamente por nuestra opción progresista, que el poder judicial y su órgano de gobierno se den cuenta de que el propio equilibrio institucional exige que no tengan una actuación seguidista respecto de los otros poderes del Estado sino que se atrevan a tener su propio discurso autónomo. Nos pareció evidente que si el CGPJ no tenía el apoyo de la totalidad de los jueces sería muy dificil que asumiese el liderazgo y el protagonismo del proceso judicial. La actitud del CGPJ en los últimos acontecimientos, asumiendo por mayoría las propuestas de las asociaciones judiciales, ha supuesto un cambio fundamental

Con este Gobierno o con cualquier otro, el CGPJ está obligado a desarrollar su propio discurso, porque es algo que viene exigido por el propio juego institucional.

Planteamiento común

P. ¿Considera usted que el CGPJ está en condiciones de desarrollar un discurso propio respecto del Ejecutivo?

R. Lo creo. Las últimas decisiones del CGPJ han supuesto un giro trascendental en su línea. Con toda honradez, creo que es la primera vez que el órgano de gobierno del poder judicial se ha atrevido a adoptar una postura de manera completamente autónoma. Pienso que eso pueda ser el inicio de un proceso en la medida en que se decida a seguir siendo coherente con este planteamiento. Lo que ocurre es que el CGPJ solo, como institución, no es suficientemente fuerte para poder hacerlo. Como tampoco lo son las asociaciones judiciales, aisladas o juntas, para forzar ellas solas un diálogo con el poder ejecutivo. Sin embargo, el CGPJ y las asociaciones judiciales, el uno desde su papel institucional y las otras desde el suyo propio, están en condiciones de hacer llegar un planteamiento común sobre objetivos concretos al poder ejecutivo.

P. Un Gobierno que alardea de haber hecho más que ningún otro en el pasado por la justicia,¿va a ser receptivo a estos planteamientos?

R. Debe tener la sensibilidad suficiente para darse cuenta de que no es un planteamiento que se le hace desde posturas de oposición política. Si lo hace se encerrará en un laberinto sin salida y se equivocará. Debe entender que lo que se le oferta es una diálogo real para el pleno desarrollo de las instituciones. En estos momentos hay más de tres millones de litigios al año. Anualmente, siete u ocho millones de ciudadanos se relacionan de una u otra forma con la justicia. Y ya no aceptan que las cosas sigan funcionando mal, que los juzgados actúen con retraso, que un pleito dure años. Pero, además, el pleno desarrollo de la Constitución exige la existencia del poder judicial. Es todavía una cuestión pendiente, que podrá retrasarse más, pero cuya solución es inevitable. El CGPJ y las asociaciones judiciales tienen una responsabilidad específica en este momento: la de tratar que sea este Gobierno, y en este momento histórico, el que dé ese paso.

P. ¿En qué circunstancias los jueces adoptarían medidas de presión, incluida la de huelga?

R. En un planteamiento racional, nunca deberían darse esas circunstancias. Lo razonable es que el poder ejecutivo se convenza de que no tiene otra vía que la del diálogo y la de buscar salidas a un problema que no es gremial ni corporativo, sino que afecta al conjunto del servicio público de la justicia.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 20 de marzo de 1988