Los promotores urgen al MOPU a que desbloquee el plan de viviendas protegidas

La Asociación Nacional de Promotores y Constructores de Edificios ha entablado conversaciones con el MOPU y con representantes de algunas comunidades autónomas para intentar desbloquear el punto muerto en que se encuentra el conflicto que enfrenta al ministerio y a las, comunidades de Cataluña, Baleares, Valencia, Andalucía, Castilla y León, Aragón y Rioja sobre el plan de viviendas protegidas. Los constructores temen la paralización de obras en curso y urgen soluciones.

Los promotores han propuesto al ministerio que firme los convenios, a la espera de que el Tribunal Constitucional decida sobre el contencioso que enfrenta al MOPU y las citadas comunidades. Hasta ahora, el ministerio se ha negado a firmar dichos convenios, hasta que las comunidades renuncien a plantear conflicto de inconstitucionalidad contra el Real Decreto 1.494/ 1987, de 4 de diciembre, sobre medidas de financiación de actuaciones protegibles en materia de vivienda. Las autonomías sostienen que este decreto "establece y tipifica una aportación económica a realizar con cargo a los presupuestos de las comunidades autónomas, invadiendo la capacidad de las comunidades de disponer de sus recursos libremente". El decreto obliga a las comunidades a subvencionar en un 5% la construcción de viviendas de protección oficial.Para Manuel Martí, presidente de la Asociación Nacional de Promotores y Constructores de Edificios, "es una sorpresa que la Administración paralice una norma que ella misma ha dictado". En este sentido, Martí recuerda que el Gobierno Vasco recurrió el anterior plan cuatrienal de la vivienda, y que todavía no ha sido dictada sentencia por el Tribunal Constitucional. "Sin embargo", resalta Martí, "eso no ha impedido la aplicación de dicho plan".

La postura de los promotores y constructores coincide con la expuesta días atrás por el director general de la Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Joan Ráfals, quien era partidario también de poner en marcha el plan, y aplicar posteriormente las correcciones necesarias impuestas por la sentencia que dictara el Tribunal Constitucional.

Según el presidente de los promotores, la actual situación bloquea la construcción de 50.000 VPO, ya que el 61,9% de las 80.000 viviendas de este tipo que deben construirse en España durante 1988 corresponden a las siete comunidades recurrentes.

Manuel Martí considera que los miembros de su asociación "son víctimas inocentes e impotentes" del enfrentamiento entre las administraciones. Según Martí, los promotores empiezan a tener problemas de liquidez a causa de este conflicto, que de momento supone ya un retraso de dos meses y medio en la contratación de viviendas protegidas. Esta falta de liquidez puede incidir en la inmediata paralización de obras en curso, correspondientes al plan de la vivienda 1984-87.