Denuncias contra las anomalías urbanísticas en Torrelodones

Un grupo de 30 vecinos de Torrelodones, apoyado por los concejales de la oposición Serapio Calvo de Miguel, portavoz del grupo Torrelodones Agrupación Independiente (TAI), y José Manuel Orozco, del PSOE, se reunió el miércoles con el director general del Medio Ambiente, Luis Maestre, para denunciar el proyecto de construir en la zona colindante al embalse de los Peñascales, que fue vaciado ilegalmente el 6 de febrero por una constructora.El alcalde de Torrelodones es Mario Mingo Zapatero, de Independientes de Torrelodones (IT), que gobierna con el apoyo de AP. Calvo era alcalde cuando se aprobaron las normas que califican este suelo como urbanizable. Torrelodones tiene alrededor de 5.000 habitantes.

La Coordinadora Madrileña para la Defensa de la Naturaleza (Comaden) ha presentado en la Dirección General del Medio Ambiente y en la Consejería de Política Territorial un informe sobre el valor de la fauna y el entorno del embalse, próximo al monte de El Pardo y al parque de la Cuenca Alta del Manzanares.

Asimismo, este grupo de vecinos ha decidido crear una asociación cívica tras descubrir otras anomalías que existen en el municipio, entre ellas el hecho de que la Casa de la Cultura, inaugurada poco antes de las elecciones municipales por el alcalde anterior, Serapio Calvo de Miguel, y cuya construcción costó 400 millones de pesetas, no es de propiedad municipal, sino de la familia Mollinedo, ya que se había incumplido un acuerdo al que llegaron la familia y el Ayuntamiento en 1985. El hecho salió a la luz pública en el último pleno, el 25 de febrero, al que asistieron alrededor de 60 vecinos.

Los Mollinedo suscribieron en 1985 un convenio de cesión de estos terrenos al Ayuntamiento a cambio de que éste dejara urbanizar la finca de El Enebrillo, también propiedad de la familia. Recientemente se hizo público que pocas semanas después de que la finca fuera declarada urbanizable, en el verano de 1986, el grupo conservacionista Alula presentó a la Comunidad un recurso contra esta decisión, dado el interés ecológico de la propiedad, recurso que fue aceptado.