Disfunción pública

Una de las últimas campañas publicitarias de mayor éxito en televisión mostraba una larguísima cola de personas que cruzaba la ciudad y que, segundos después, se venía abajo como las fichas de un dominó. Lo que en la pantalla era una ficción humorística es en la realidad una desesperación cotidiana para muchos ciudadanos en sus relaciones con la Administración. Esperas de seis meses a un año para la instalación de un teléfono, para empezar a cobrar el paro o una pensión, el correo que no llega y el fraude en la compra de las viviendas son problemas habituales para los contribuyentes.

Una fila de jubilados de unos 25 metros aguarda en la calle de Villanueva, en Madrid, ante una oficina de la Seguridad Social. Sólo está abierta una hoja de la puerta y la cola es la misma para todos los servicios.El nuevo cambio en el pago de las pensiones no está claro para una señora que muestra cuatro tipos diferentes de impresos y que tampoco sabe si se ha dirigido a la oficina correcta.

Otra señora dice: "El servicio es muy lento pero luego te atienden muy deprisa y no te aclaras". Y un señor, más rotundo, afirma: "El problema es que se van a tomar café y tardan dos horas". Al fondo, un señor comenta: "Esto está igual desde Primo de Rivera".

Las tarifas eléctricas, los precios de los productos farmaceúticos y de los transportes, los retrasos de seis meses a un año en la instalación de un teléfono o en cobrar el paro o la jubilación, el correo que no llega o llega tarde, los servicios bancarios más caros de Europa y el fraude en la compra de las viviendas son algunos de los problemas habituales que afronta el ciudadano español.

Aprender a reclamar

Las quejas relacionadas con la Justicia representan un 25% del total, según el último informe anual del Defensor del Pueblo, con fecha de mayo de 1987 pero referido a 1986. Destacan, en segundo lugar, las relacionadas con la Seguridad Social que no llegan al 15% y con Economía, Industria y Agricultura con el 10%, aproximadamente.En la calle, la falta de información, un servicio deficiente y el exceso de requisitos para cualquier gestión son los principales defectos que se achacan a la Administración. Sin embargo, existe la opinión generalizada de que ha mejorado el escaparate mientras que la trastienda continúa igual.

Paloma López de Ceballos, directora de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), acusa al Ministerio de Hacienda de obligar a los ciudadanos a demostrar su inocencia y considera un atropello que cuando se paga menos de lo obligado cobren intereses mientras que cuando Hacienda hace un cobro indebido, lo retiene y no da intereses.

López Ceballos resalta también las dificultades del ciudadano para litigar con la Administración: "El acceso a lajusticia sigue siendo muy caro y el Estado no está habituado como en otros países a pagar los perjuicios que causa".

Paloma López de Ceballos señala que se debe "aprender a reclamar" y pone énfasis en la íntima relación entre "burocracia y subdesarrollo".

La Ventanilla Única, que comenzó a funcionar en octubre de 1986 en Madrid como experiencia piloto con la intención de facilitar la creación de empresas, se basa en un procedimiento unificado para todas las administraciones.

En el pasado mes de enero, unas 500 personas se dirigieron a ella para informarse y se resolvieron 25 expedientes de nuevas empresas. Salvo excepciones, dos meses es el tiempo empleado en la solución de cada caso.

Para Carlos Fernández de Hinestrosa, gerente de la Ventanilla Única, 'la legislación sectorial es peor que el servicio de los funcionarios. Existe en la Administración una tendencia a exigir más papeles de los necesarios, un exceso de normas que no se adecuan a las necesidades y que, además, es imposible cumplir en su totalidad". En su opinión, habría que "descentralizar" la Ventanilla, ya que parece que su único defecto es ser única.

Adaptarse a la burocracia

La reforma de la Administración, una urgencia histórica del Estado español moderno y democrático, era un aspecto esencial del cambio que prometía el PSOE en su programa electoral de 1982.Cinco años después, los críticos más severos aseguran que el Gobierno socialista no ha cambiado la Administración sino que se ha adaptado a ella.

La primera legislatura socialista comenzó con la ampliación de los horarios de los funcionanos y concluyó con graves acusaciones de "amiguismo" y "politización" de la función pública. En el Ministerio de Administraciones Públicas se reconoce hoy que el abuso del sistema excepcional de la libre designación ha su puesto unos 30.000 nombramientos.

Mientras tanto, se había pro ducido la primera huelga de funcionarios, en junio de 1984, la aplicación de la polémica ley de incompatibilidades, la unificación de cuerpos y retribuciones la supresión de algunos organismos autónomos y la simplificación de un número reducido de trámites burocráticos

La ley de Medidas para la Reforma de la Función Pública de agosto de 1984, que fue declarada parcialmente inconstitucional en junio de 1987, obligaba a los ministerios a confeccionar listas de sus puestos de trabajo. Sólo la hizo el Ministerio de Presidencia pero éste desapareció por reajuste ministerial. Hoy, las relaciones de plantillas no están hechas.