El Banco Mundial estudia con el Gobierno argentino una solución al problema de su deuda

Una misión del Banco Mundial integrada por 11 expertos llega mañana a Buenos Aires para analizar, junto con los miembros del equipo económico que encabeza el ministro Juan Sourrouille, una posible "solución de largo plazo" al problema de la deuda externa argentina, que supera ya los 55.000 millones de dólares. Estados Unidos impulsa el acuerdo ante los informes reservados de su Embajada, en los que se advierte sobre la "extrema gravedad" de la situación social y política.El comienzo del que parece ser el capítulo decisivo en la trama de esta ya complicada historia se sitúa en Madrid. Cuando el presidente Raúl Alfonsín viajó a España en los primeros días de febrero para firmar el Acta de Cooperación entre: ambos países se encontró allí de forma reservada con Michel Camdessus, director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). En la entrevista, en la que participaron también Felipe González y el ministro Sourrouille, quedó muy claro que Argentina ya no tiene reservas ni recursos para pagar siquiera una parte de los intereses, que suman el 22% del gasto público (unos 4.000 millones de dólares al año).

La baja de los precios internacionales y los subsidios de Estados Unidos y la CE a los productos agrícolas agravaron la situación. Desde 1980 mantiene el volumen de sus exportaciones.

Argentina ha demorado ya el pago de capital hasta 1992, con una financiación que traslada los plazos hasta la primera década del siglo próximo. El problema consiste en reducir ahora el monto de los intereses para que no sean necesarios nuevos créditos que, a su vez, aumenten la deuda. Es allí donde comienza a considerarse la división del capital entre deuda vieja y deuda nueva. Sobre la vieja se aplicaría una tasa de interés fija que rondaría el 6% anual. De tal forma se reduciría la transferencia neta de divisas argentinas y ese dinero podría aplicarse a los programas de reconversión y crecimiento de la economía interna. Al mismo tiempo se acentuaría la llamada capitalización de la deuda y la privatización de las empresas del Estado. El equipo económico del Gobierno argentino confía en que la quita de la deuda podría alcanzar a unos 10.000 millones de dólares, pero los analistas privados creen que no superará los 3.000 millones.

Los bancos acreedores están dispuestos a estudiar un nuevo programa de pago ajustado a las necesidades argentinas. Pero antes reclaman a la Reserva Federal la anulación de normas legales que obligan a considerar como pérdida esa quita. Y exigen además la garantía del Tesoro de Estados Unidos para asegurar el pago del resto. En el proyecto trabajan expertos argentinos, norteamericanos y un español recomendado por Felipe González.