La política económica

LOS EXCELENTES resultados económicos del pasado año han creado un clima de euforia que a medio plazo podría ser peligroso si no se atajan a tiempo los desequilibrios que ha provocado el rápido aumento de la producción. Y tienen el peligro de desviar la atención -o de ser utilizados aviesamente con esos fines- de cotidianas realidades dramáticas que como la del paro coexisten vergonzosamente con guarismos sin duda positivos. Los tres millones largos de parados, es decir, el 21,25% de la población española activa, constituyen un dedo acusador permanente a una política económica que, al menos aparentemente, se ha olvidado de ellos en sus previsiones.La tasa de crecimiento del PIB ha sido la más alta de los países industrializados, la inflación ha descendido incluso más de lo previsto inicialmente por el Gobierno y las cuentas exteriores se han cerrado con un ligero excedente. Para este año las previsiones oficiales apuestan por un menor crecimiento, una nueva reducción de las tensiones inflacionistas y un déficit importante de la balanza por cuenta corriente que, sin embargo, no será difícil de financiar, habida cuenta del alto nivel de las reservas de divisas y del vigor de las entradas de capital.

Dos recientes informes de organismos internacionales sobre la economía española reconocen estos logros, aunque señalan también los peligros que se ciernen sobre nuestra economía y los dilemas a los que tendrá que hacer frente la política económica. En cualquier caso, lo que importa es determinar hasta qué punto los resultados obtenidos se deben a la política económica y no a circunstancias ajenas a ésta. Se trata de una cuestión difícil, aunque no del todo imposible. La política económica, aplicada con perseverancia desde hace algunos años, ha estado dirigida a sanear la economía, a reducir las expectativas inflacionistas y a crear las condiciones de un crecimiento económico estable. Desde esta perspectiva, el aumento de la inversión que ha tenido lugar en los meses pasados se explica, en parte, por el saneamiento de las empresas, que han reducido fuertemente sus costes financieros, y por la necesidad de renovar el equipo productivo ante el aumento de la competencia que ha significado la entrada en la Comunidad Económica Europea. El que haya sido posible soportar con relativa facilidad el desequilibrio en los intercambios de mercancías con los países de la CE se debe, esencialmente, a dos fenómenos: por una parte, al aumento de las entradas de divisas procedentes del turismo, que han crecido fuertemente a lo largo de los dos últimos años, y, por otro, a la caída de los precios del petróleo, que ha procurado un gran alivio a las cuentas con el exterior.

Estos rasgos favorables no deben, sin embargo, ocultar algunos problemas de fondo en los que no se ha progresado lo suficiente, como, por ejemplo, la nunca acabada reconversión industrial. El fin de ésta se ha convertido en una especie de rito, en una proclama anual lanzada desde la Administración, a la que responde regularmente el grito desesperado de miles de trabajadores que ven agotarse el tiempo de su permanencia en los llamados fondos de reconversión sin que se haya hecho prácticamente nada para recolocarlos.

Tampoco se ha progresado en el control de los gastos públicos. El Presupuesto de la nación es un documento cuya discusión carece, cada vez más, de significado. Los resultados finales de cada año no guardan relación alguna con las cifras presupuestadas al inicio del mismo, lo cual constituye una burla al Parlamento y, a menudo, un atentado al bolsillo de los contribuyentes, que han visto aumentar fuertemente la presión fiscal sin que por ello reciban mejores servicios.

Por último, es posible interrogarse sobre el precio pagado por el proceso de ajuste en el terreno sindical. La ruptura de los sindicatos con el Gobierno parece total. Aunque es cierto que en este asunto la responsabilidad no pertenece sólo al Gobierno, la pregunta que cabe plantearse es la de si esta ruptura era inevitable, y, aunque la respuesta es fundamentalmente política, cabe al menos albergar una duda razonable sobre la forma en que se ha conducido todo el proceso.