El Senado incorpora a la lucha contra la droga el cierre de establecimientos derivados de las ganancias del narcotráfico

El pleno del Senado aprobó ayer sendos proyectos de ley mediante los que se incrementa la lucha jurídica contra el tráfico de drogas. Entre las modificaciones introducidas por la Cámara Alta en la reforma del Código Penal aprobada por el Congreso figura la incorporación de la pena de inhabilitación para el ejercicio de su profesión o industria de quienes se aprovechen de las ganancias obtenidas como consecuencia del delito o el cierre definitivo de su establecimiento, o durante seis meses a seis años. Asimismo, el Senado convalidó el proyecto de ley por el que se dota de competencias al fiscal especial contra la droga para investigar el blanqueo de fortunas procedentes del narcotráfico.Entre las modificaciones introducidas, a propuesta socialista, figura la inclusión de los veterinarios entre lbs facultativos -médicos, psicólogos, sanitarios, farmacéuticos y sus dependientes- a quienes se impondrá la pena de inhabilitación especial cuando incurran en los delitos de tráfico de drogas.

Tambíen se admitió una enmienda de Convergéncia i Unió, por la que, entre las circunstancias de agravación del delito figura, junto a la manipulación o mezcla entre sí de las drogas, la .adulteración" de las misnías, que incremente igualmente el daño para la salud.

30 años de cárcelEn cambio, el pleno del Senado rechazó otras enmiendas de la oposición, como las mantenidaspor los senadores del Partido Liberal, que pretendían aumentar hasta 30 años de cárcel y mil miHones de pesetas de multa las penas para el tráfico de drogas realizado "a gran escala", así como castigar no sólo la difusión o introducción de las drogas en centros docentes, militares o penitenciarios, sino también la realización del delito en "los alrededores próximos" a los mismos.

Especial debate suscitó una enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Popular, rechazada tras ser defendida por el senador Eduardo Cañizares, quien propuso abandonar la distinción vigente entre drogas duras y blandas y vincular la mayor o menor penalización al criterio de que se trate o no de sustancias incluídas en las listas de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de los convenios intemacionales de 30 de marzo de 1961 y 21 de febrero de 1971.

El senador socialista Octavio Granados calificó de "frívola" esta propuesta, porque, en caso de aceptarse, según dijo, se rebajarían las penas para el tráfico de cocaína, ya que ésta, junto al opio y la morfina no figuran en tales listas. En términos generales, el grupo conservador criticó el proyecto de ley por boca del senador Antonio Píllado, quien calificó el actual intento socialista "que el Gobierno pretende presentar como un éxito", dijo, "como una rectificación del error cometido en la reforma de 1983, del que nadie va a pagar factura". Añadió que el reblandecimiento de las penas producido por aquella reforma "provocó el desastre y facilitó la explosión del tráfico de drogas".

En ausencia del Gobierno, ninguno de cuyos miembros apareció en el banco azul durante este debate, el socialista Granados afirmó que la actual reforma continúa los aspectos positivos de la de 1983 y prevé soluciones a los problemas de la drogodependencia. Devolvió la crítica a los conservadores al asegurar que "la presentación catastrofista de la ley de 1983 indujo a muchos narcotraficantes a trasladarse a España".