Versiones contradictorias sobre las armas del 'caso Brouard'
Los dos letrados personados en el sumario por el asesinato del dirigente de Herri Batasuna (HB) Santiago Brouard dieron ayer versiones contradictorias sobre el resultado de la prueba pericial practicada con las armas del atentado. La prueba había sido solicitada por José Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del único procesado, Juan José Rodríguez Díaz.Dos expertos en balística de la policía examinaron en el Juzgado número 1 de Bilbao las armas abandonadas por los asesinos de Brouard al huir de su consulta, el 20 de noviembre de 1984.
Txema Montero, representante de la acusación particular, primer letrado en abandonar el juzgado, dejó entrever cierto malestar por el desarrollo de la investigación e insinuó la posible existencia de algún interés dilatorio por parte de la defensa.
Los peritos policiales, según este abogado, declararon que las manipulaciones externas de las armas, una pistola Lathy y una carabina Army Jaeger, coinciden con las que el procesado Rodríguez Díaz, el Francés, reconoció haber efectuado. Manifestaron también ante el juez que el único precedente que conocen en relación a estas armas está relacionado con el sumario instruido en Madrid sobre el atraco al Banesto. El Francés está acusado también de haber suministrado las armas a los atracadores del banco citado.
El defensor, Rodríguez Menéndez, aseguró por el contrario que los peritos avalaron su tesis, según la cual las modificaciones en la pistola y la carabina no pudieron efectuarse de forma artesanal, lo que libraría de responsabilidad a su cliente. Según Rodríguez Menéndez, las dos armas necesitan licencia para su adquisición en Francia, a diferencia de las que compró Rodríguez Díaz en París, que son de venta libre.
Rodríguez Menéndez dijo que los peritos habían reconocido que no existe seguimiento oficial de las armas requisadas en operaciones policiales, y que la pistola Lathy y la carabina Army Jaeger proceden de incautaciones de la policía, no registradas por la autoridad judicial, en dos operaciones realizadas en Madrid y Barcelona.
El defensor aseguró que ha sufrido amenazas por su intervención en este caso, "y no precisamente", explicó, "de ETA o de los nacionalistas". En torno al asesinato de Brouard existe un pacto de silencio, según el abogado, por lo que los testigos llegan ante el juez "muy nerviosos, muy tocados".
El sargento de la Guardia Civil Juan José Peña, encarcelado en la prisión de Logroño como presunto autor de la colocación de una bomba en un hipermercado de Guipúzcoa para extorsionar al establecimiento, acudió a declarar fuertemente custodiado y ocultó su rostro con la cazadora que vestía.
Peña contestó lacónicamente a las preguntas del juez y no aportó dato alguno. Para el próximo 4 de marzo están citados a declarar el subcomisario José Amedo, el comisario general de Información, Jesús Martínez Torres, y el inspector de la Policía Judicial de Barcelona Jesús Gutiérrez Argüelles.
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