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Alianza Popular y el CDS piden que se suspenda el proyecto de la cárcel de Soto del Real

Los grupos parlamentarios del Centro Democrático y Social (CDS) y de Alianza Popular (AP) en la Asamblea de Madrid sumaron ayer sus votos para pedir la suspensión del proyecto de construcción de una nueva cárcel de mujeres en la localidad madrileña de Soto del Real. Esta cárcel ha sido diseñada por el Ministerio de Justicia para sustituir a la prisión de Yeserías.Tanto el CDS como Alianza Popular han pedido que el Gobierno regional realice "un estudio de impacto sociológico, económico y urbanístico" e inicie conversaciones con los municipios próximos a la cárcel proyectada "para valorar su incidencia".

Según fuentes del Gobierno regional, el acuerdo de ayer no es vinculante, ya que la decisión de paralizar el proyecto correspondería al Ministerio de Justicia.

La futura prisión cuenta con un presupuesto total de unos 1.000 millones de pesetas y tendrá capacidad para 350 internas.

Abel Cádiz, diputado del CDS, expresó su oposición al proyecto por considerar que tendrá un impacto negativo sobre la población y sobre el medio ambiente, dada su proximidad al parque regional del Manzanares. El CDS aportó 4.000 firmas de vecinos de la zona contrarios a la cárcel. Abel Cádiz salió de esta forma al paso de las declaraciones del consejero de Política Territorial, Eduardo Mangada, quien afirmó recientemente que la oposición a la cárcel de Soto del Real obedece a "una reacción de los promotores del suelo".

El alcalde de Soto del Real, el centrista Domingo Eladio Navarro, repartió en la Asamblea regional un comunicado suscrito por siete alcaldes de la zona opuestos al proyecto. El escrito insiste en que ni la Comunidad de Madrid ni el Ministerio de Justicia han consultado con los municipios afectados la localización del polémico centro penitenciario.

AP respaldó la postura del alcalde de Soto y votó junto al CDS por la paralización del proyecto. El grupo aliancista propuso que se suspendieran también los proyectos de otras dos nuevas prisiones, en Navalcarnero y Valdemoro, pero no obtuvo el respaldo de la Cámara.

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Francisca Sauquillo, diputada regional del PSOE, defendió la "urgente construcción de nuevas cárceles" para paliar el déficit de plazas de internos existente en Madrid. Sauquillo recordó que la región cuenta actualmente con 3.100 plazas para una población de 4.500 reclusos. El grupo parlamentario de Izquierda Unida votó con el PSOE en contra de la paralización del proyecto.

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