Un sumario abierto hace 44 meses

El caso Catalana se inició judicialmente el 23 de mayo de 1984, hace ahora 44 meses, cuando el fiscal del Estado presentó ante la Audiencia de Barcelona una querella contra 25 antiguos consejeros y ex directivos de Banca Catalana, entre los que figuraba el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, fundador de la entidad. Dos años después, en marzo de 1986, los representantes del ministerio público, los fiscales José María Mena y Carlos Jiménez Villarejo, notificaron las conclusiones de su investigación al fiscal general del Estado, Luis Antonio Burón Barba, en un documento dirigido al Pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona.En aquel documento se pedía el procesamiento de Pujol y de otros 16 ex directivos de Catalana por los supuestos delitos de apropiación indebida, falsedad y maquinación para alterar el precio de las cosas. Otras seis personas investigadas por el fiscal fueron consideradas ajenas a las causas del agujero financiero.

El 21 de noviembre de 1986, el pleno de la Audiencia Territorial de Barcelona decidió, por 33 votos contra 8, exculpar a Jordi Pujol de su presunta implicación en el caso. En el auto de no procesamiento se exculpaba a Pujol del presunto delito de apropiación indebida por la inexistencia de voluntad de apropiarse de fondos y por la falta de pruebas de que el actual presidente de la Generalitat hubiera incorporado a su patrimonio personal bienes procedentes de la entidad. Además, se consideró que el presunto delito de falsedad en los balances había prescrito -por lo que no se entró en su análisis- y, respecto a la acusación de maquinación para alterar el precio de las cosas, los magistrados no encontraron los elementos constitutivos de esta infracción por parte de Pujol. Los ocho magistrados que solicitaban el procesamiento de Pujol, mediante voto reservado, insistían en las relaciones de éste con el equipo dirigente de la entidad y resaltaban el papel jugado por Pujol desde 1965 hasta que donó sus acciones en julio de 1982, a pesar de que se había retirado de Banca Catalana en 1977.El pleno decidió inhibirse del resto de la causa, y el Juzgado de Instrucción número 12 de Barcelona resultó elegido por sorteo para encargarse del sumario. La apertura de un sumario ordinario se decretó a principios de febrero de 1987.