El fiscal defiende la democracia española en juicio contra Santi Potros en París

LLUÍS BASSETS, La defensa defendió el derecho de ETA a utilizar los métodos violentos para conseguir la independencia del País Vasco, y un grupo de 60 personas, Regadas desde: España en un autocar, interrumpió la vista poco después de comenzar, con vivas a ETA y a Arrospide. Estas personas fueron desalojadas por la policía.

Santiago Arróspide fue juzgado ayer por dos causas de extradición: una, por asociación de malhechores y tenencia de armas y explosivos; y otra, por varios intentos (te asesinato y por el secuestro del industrial Juan Pedro Guzmán.

Otra petición de extradición, por el asesinato de un guardia civil, que no había sido traducida todavía al francés, y una cuarta llegada recientemente, por otro secuestro, serán objeto de un nuevo juicio, a finales de febrero, después de que se conozca la sentencia por las dos primeras peticiones, prevista en principio para el 21: del mes próximo.

Arrospide está procesado ya por un juez francés por asociación de malhechores, en relación con su detención el 30 de septiembre, en una operación de desmantelamiento de la banda francesa Iparretarrak, (Los del Norte).

Los puntos de enfrentamiento entre la acusación y la defensa giraron en torno a la competencia de los tribunales españoles para juzgar a Arrospide de unos hechos que, según la defensa, no pudo cometer por hallarse precisamente en Francia; y también en torno a la interpretación de la Convención de Ginebra sobre los refugiados políticos (estatuto del que goza el acusado).

Según el fiscal, existen presunciones para juzgar a Arróspide como mínimo por complicidad, desarrollada desde Francia.

Aunque reconoció la intencionalidad política de estas actuacíones, el fiscal resaltó la desproporción entre los métodos violentos utilizados por ETA y las posibílidades de expresión y de actuación política que ofrece la democracia española. Según su interpretación la Convención de Ginebra no impide la extradición de un refugiado político cuando existe una petición fundamentada, y es aplicable únicamente a la expulsión administrativa.

La defensa, compuesta por tres abogados entre los que destacaba Christianne Fando, admitió que puede haberse producido una cierta democratización. "Pero no para el pueblo vasco", aseguró. La defensora reinvindicó el caracter político de las infracciones, y aseguró que las negociaciones emprendidas por el Gobierno español en Argelia son la demostración de ello.