Un funcionario sufre desde hace 40 años una sanción por desafecto a franco

Sebastián Domenge Alomar ha destinado 40 de sus 81 años de vida a luchar para que se le levante la sanción que le apartó de su puesto de funcionario, municipal por no adherirse "al Caudillo". El Ayuntamiento de Sant Adrià de Besòs tiene traspapelado en su archivo municipal un expediente cuyo proceso sólo puede ser calificado de kafkiano. Se trata de un expediente administrativo abierto hace 40 años y nunca revocado y de una sentencia del Tribunal Supremo dictada hace 20 años y nunca aplicada.

Mientras, un secretario de ayuntamiento espera, a sus 81 años, que alguien aproveche la situación democrática de las administraciones locales para hacer justicia y poner punto final a este largo paréntesis de su vida profesional.La historia comenzó en 1946, cuando el alcalde de Sant Adrià, José Sabaté Ferruz, decidió hacer un homenaje a Francisco Franco y, para ello, recogió las firmas de los funcionarios en un álbum que posteriormente fue enviado al jefe del Estado. El secretario del Ayuntamiento, Sebastián Domenge, se negó a firmar porque, como explica ahora: "Simplemente, pensé que era algo voluntario y no creí oportuno dar mi apoyo a un hombre al que no tenía por qué apoyar.

Cuando el alcalde revisó las firmas echó de menos la del secretario y en el libro de actas municipal del 2 de julio de 1946 figura textualmente: "Examinado el álbum de firmas de homenaje al Caudillo, el alcalde ha notado a faltar la del secretario del Ayuntamiento, lo que le ha causado un gran pesar, por lo que tendrá que atenerse a las consecuencias". Las consecuencias no fueron otras que la apertura de un expediente administrativo en 1948 que le apartó del cargo que venía ocupando desde 1942.

Sentencia del Supremo

Domenge, que tiene el título de abogado, no se cruzó de brazos ante esa venganza política y comenzó un largo rosario de acciones que fructificaron el 7 de mayo de 1968, cuando la Sala Cuarta del Tribunal Supremo declaró nulos los acuerdos tomados por el Ayuntamiento contra el secretario del mismo.Una vez ganada la batalla legal, Domenge inició otro largo peregrinar para intentar conseguir la aplicación de la sentencia, que aún hoy, a los 20 años de dictada, no ha encontrado el eco suficiente en la administración municipal de Sant Adrià y en el departamento correspondiente del Ministerio de Administraciones Públicas.

Sus esfuerzos no han decaído y en su peregrinar ha consultado y protestado ante los sindicatos, en los colegios profesionales, en la Administración central y en la Generalitat. Según cuenta, en todas partes ha encontrado simpatías y apoyos inquebrantables, pero la frase más común que ha tenido que oír en todos esos despachos es que "la sentencia se halla en fase de ejecución".

El anciano abogado, que vive en Barcelona, atribuye la tardanza en conseguir su objetivo a que "se trata de un asunto político y buena parte del Estado continúa en manos de la 'minoría selecta', como Franco llamaba a los fascistas". Sebastián Domenge, que sigue confiando en que "se haga justicia", se muestra reacio a contestar preguntas personales, pero sí explica que en esa lucha por conseguir su objetivo ha gastado la herencia de su padre y los recursos que poseía.