El Parlamento de Gibraltar rechaza el pago de pensiones a los españoles

Gibraltar no tiene obligación de continuar contribuyendo al pago de pensiones actualizadas a los ex trabajadores españoles en Gibraltar, según se pronunció el Parlamento de Gibraltar ayer. La única diferencia en esta cuestión, entre el Gobierno de Adolfo Canepa y la oposición de Joe Bossano, es que el Gobierno considera que Gibraltar tiene una obligación moral de continuar los pagos a un reducido número de ex trabajadores que ya eran pensionistas cuando el Gobierno español tomó la determinación de cerrar la frontera en el año 1969.Unos 6.000 españoles reciben pensiones actualizadas de las autoridades de Gibraltar, tras un acuerdo entre Londres y Gibraltar por el cual el Gobierno británico aporta 16,5 millones de libras esterlinas (unos 3.300 millones de pesetas) y el Gobierno gibraltareño 4,5 millones de libras esterlinas (unos 900 millones de pesetas) por un período de tres años.

Este plan de pagos concluye a finales de este año, cuando un nuevo acuerdo entre Londres y Gibraltar determinará las contribuciones que aportarán ambas partes. El problema radica en que Gibraltar ya ha devuelto a los ex trabajadores con estas pensiones actualizadas lo contribuido por ellos más los intereses acumulados durante todos estos años.

Por tanto, las autoridades locales estiman que quedan dispensados de nuevas aportaciones y que corresponde a los Gobiernos del Reino Unido y de España buscar una solución a la continuidad de los pagos.

Enmienda de Canepa

En una moción debatida ayer en el House of Assembly (Parlamento), el primer ministro Adolfo Canepa introdujo una enmienda que acepta una obligación moral por parte de Gibraltar de continuar contribuyendo al pago de pensiones a aquellos trabajadores que ya eran pensionistas cuando ocurrió el cierre fronterizo. Este número de pensionistas asciende a unos 500 y la aportación anual gibraltareña sería de un millón de libras (unos 200 millones de pesetas).El Partido Socialista de Joe Bossano, sin embargo, se ha mostrado contrario a la aceptación de esta obligación moral y manifiesta que "no se debe pagar un penique más de los fondos locales".

Tanto el Gobierno como la oposición estiman que la responsabilidad última en esta cuestión incumbe al Gobierno británico, mientras se alude también a que el Gobierno español debe aceptar ciertas responsabilidades sobre el tema al haber sido Madrid quien cerró la frontera en el año 1969.

Se calcula en círculos oficiales que los pensionistas habrán desaparecido en unos 15 años y que, desde ahora hasta entonces, el total de los pagos de pensiones ascenderá a unos 100 millones de libras (unos 20.000 millones de pesetas). "Nosotros no podemos pagar este dinero porque no tenemos recursos para ello", declaró Canepa.