Los empresarios de repartos denuncian a Correos y Telégrafos ante la CE

Madrid La Asociación de Empresarios de Reparto, a través de la patronal CEOE, ha enviado una carta a la Comunidad Europea (CE), en Bruselas, para denunciar la situación del servicio de correos en España, que, a su juicio, contraviene las directrices antimonopolio de la Europa de los 'doce'. Las leyes españolas reservan en exclusiva para el organismo público de Correos el tráfico postal entre municipios, provincias y el internacional.

La denuncia de los empresarios españoles del sector, que ven circunscrita su actividad al tráfico de cartas y efectos que empieza y termina en una misma ciudad, coincide con el grave deterioro del servicio prestado por Correos en los últimos ejercicios y con los crecientes números rojos que acumulan sus gestores.La acumulación de 20 millones de cartas, impresos y paquetes sin repartir en los primeros días de enero ha provocado numerosas protestas de usuarios y asociaciones empresariales de toda España. Este colapso, según han justificado los responsables de Correos, se ha debido a un incremento inesperado del volumen de impresos para distribuir, al vencimiento de los contratos temporales de unos 2.000 empleados y a una avería eléctrica que afectó durante unas horas al centro de clasificación de la estación madrileña de Chamartín.

Este grave incidente, que pone de manifiesto imprevisiones y errores de planificación de los responsables de Correos, es apenas una muestra del mal funcionamiento de este servicio público, según fuentes empresariales. La insatisfacción de los usuarios, agregan estas fuentes, ha llegado hasta el propio Ministerio de Hacienda, los grandes ayuntamientos o la Tesorería Territorial de Madrid de la Seguridad Social, por poner algunos ejemplos de organismos oficiales que se han convertido en clientes habituales de empresas privadas de reparto en las grandes ciudades, pese a que sus tarifas son más elevadas que las de Correos.

Desglose de tarifas

La transformación de Correos y Telégrafos en una empresa, para agilizar su gestión y hacer más competitivo el servicio con vistas a una posible desregularización del monopolio, fue estudiada en su dia por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pero finalmente. no se llevó a efecto. Para competir entre tanto con las empresas privadas de reparto, que ya en aquella época se habían hecho con una importantísima cota de mercado se procedió a un desglose de las tarifas nacionales en urbanas (prácticamente congeladas, si no reducidas en los últimos años) y las interurbanas. Así, mientras las primeras, cinco pesetas en 1979, subieron hasta las siete pesetas en 1986, las interurbanas pasaron, en igual período de tiempo, de ocho a 19 pesetas.

Esta discriminación política en favor de las tarifas urbanas es aún mayor, según las empresas privadas del sector, si se computan las bonificaciones que concede Correos y Telégrafos a la banca y las grandes empresas.

La razón de esta congelación de tarifas urbanas, incongruente con los más de 30.000 millones de déficit que tiene Correos y con las cifras de la inflación, se debe a que en las ciudades existe la única competencia autorizada a sus servicios postales. Y a que los municipios Madrid y Barcelona concentran el 52% del tráfico postal español.

Las empresas privadas aseguran que Correos, ante su ineficacia para competir en rapidez y calidad, subvenciona sus precios en las ciudades muy por debajo del coste real del servicio. Por su parte, Correos se defiende de estas acusaciones interesadas haciendo hincapié en su condición de servicio público. Repartir miles de cartas a lo largo de la calle de Alcalá de Madrid o en la plaza de Cataluña de Barcelona, argumentan, es un negocio pingüe; pero llevar una carta hasta una aldea en Galicia resulta ruinoso. La política de Correos, añaden, es tratar de compensar unos costes con otros.