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Editorial:

El pacto de los vascos

LA FIRMA del pacto de "normalización y pacificación de Euskadi", suscrito por todas las fuerzas con representación parlamentaria, excepto Herri Batasuna (HB), es una buena noticia. Pero la dificultad de la gestación del pacto mismo pone de relieve que la sociedad vasca sigue padeciendo serios problemas de vertebración e identidad de cara a los contenciosos que tiene planteados. No se ha conformado todavía un sistema de valores compartidos capaz de servir de plataforma para acuerdos sólidos. En Euskadi hay tantas subculturas políticas como partidos. Ello explica que incluso lo que parece más obvio -el rechazo por parte de la mayoría pacífica de la pretensión de imposición de la minoría violenta- encuentre en Euskadi insospechadas dificultades.El Estatuto de Gernika pudo haber sido esa plataforma y desempeñar un papel similar al de la Constitución de 1978 en el conjunto de España: articular unos principios básicos y unas reglas del juego aceptadas como eje de la convivencia. Sin embargo, la presencia agobiante de la violencia (y la polarización por ella ocasionada) rompió el consenso. Primero, entre nacionalistas y no nacionalistas; posteriormente, en el interior de la comunidad nacionalista. Todo intento de vertebración de la sociedad vasca pasa necesariamente por la reconstrucción del consenso autonómico, y esa reconstrucción resulta inseparable del acuerdo sobre la forma de hacer frente a la presión de la violencia.

El 14 de marzo de 1985, inmediatamente después del asesinato por ETA del jefe de la Ertzaintza, todas las fuerzas vascas -excepto HB- suscribieron un documento por el que se negaba a los terroristas cualquier legitimidad para sus métodos y todo fundamento a su pretensión de actuar en nombre del pueblo vasco: ese documento se convirtió en papel mojado. Algunos de los principales firmantes del mismo consideraron compatible la condena genérica de los métodos de ETA -en la que perseveraron- con el suministro de coartadas ideológicas a los violentos. En plena convulsión interna, el PNV se convirtió en inconsciente propagandista de algunos de los lemas que necesitaba ETA para proseguir su escalada (Constitución impuesta a los vascos, Estatuto arruinado, causas políticas del terrorismo, razzias policiales a ambos lados de los Pirineos, carácter negociable de la alternativa KAS incluso con el Ejército). ETA aprovechó ese discurso para asegurar que actuaba no ya únicamente en nombre de sus votantes, sino de toda la comunidad nacionalista. Por ello, el pacto actual, que renueva el compromiso de 1985, estaba plenamente justificado; también el hecho de que la condena a ETA se enmarque en un compromiso más amplio sobre las reglas del juego democrático. Se trata de reconstruir el consenso en torno al Estatuto y de deslegitimar cualquier intento de justificación del recurso a la muerte como vía para alcanzar objetivos políticos.

Por eso era tan importante alcanzar la unanimidad, y estaban más que justificados los esfuerzos de última hora para impedir que Garaikoetxea quedase descolgado. La actitud inicial de su partido -tratando de vincular el rechazo de la violencia a la elevación de los techos autonómicos- puso en grave riesgo toda la operación. Finalmente se ha impuesto la sensatez en las filas de Eusko Alkartasuna (EA), lo que refleja sin duda el sentir mayoritario de sus votantes. En cuanto a las reservas expresadas respecto al papel de la Ertzaintza, son discutibles, aunque resultan legítimas. En resumen, el esfuerzo de consenso de todos los partidos, incluyendo al de Garaikoetxea, es digno de elogio. El contenido del pacto obliga a las principales fuerzas nacionales, lo que equivale a decir el Parlamento español. Su cabal cumplimiento será el símbolo de la victoria de la racionalidad y la democracia sobre las fuerzas del fanatismo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 14 de enero de 1988