¿Qué reforma?

LOS PROYECTOS para reformar los reglamentos de las cámaras se inscriben en el marco de diversas iniciativas tendentes a dinamizar la vida parlamentaria. Naturalmente, esas eventuales reformas no garantizan por sí solas una mayor vitalidad de las cámaras como reflejo de las preocupaciones de los ciudadanos, aunque pueden contribuir a ello. Los debates parlamentarios resultaron más interesantes durante los primeros años de la transición, aparte de por el atractivo inherente a la novedad, porque la posición minoritaria del partido que sostenía al Gobierno creaba un más amplio espacio para el debate, los pactos coyunturales y las escaramuzas parlamentarias. Ese campo se ve reducido cuando el Gobierno dispone de mayoría absoluta. De ahí que la reforma de los reglamentos, si no se ve acompañada de modificaciones en la ley electoral y en el sistema de representación política, no permita augurar un porvenir mucho más brillante.No cabe duda de que existe un fondo demagógico en las quejas de la caverna contra lo que califican de rodillo de la mayoría", olvidando que son los ciudadanos quienes han puesto ese rodillo en manos del partido socialista para que desarrolle su programa. Pero también es verdad que ciertas prácticas de la mayoría, permitidas y aun favorecidas por el reglamento, conspiran contra lo que constituye la esencia del sistema parlamentario: la posibilidad de parlamentar, de confrontar ideas y propuestas divergentes. Esa posibilidad no se expresa sólo en relación a la función legislativa. Muchos proyectos de ley llegan ya pactados desde fuera, a veces por parte de instituciones o corporaciones no directamente políticas (sindicatos y patronales, por ejemplo). Por ello, en el moderno sistema representativo es cada vez más decisiva la función del Parlamento como órgano de control del poder y de debate sobre problemas de interés general.

En este último terreno, la actividad del PSOE en el poder ha sido abrasiva, destinada sobre todo aaplacar las disidencias dentro y fuera del partido y a imponer, sin crítica, su voluntad. Por eso, y pese a su timidez, son interesantes las propuestas de agilización de los mecanismos parlamentarios, así como otras tendentes a favorecer el interés público hacia los debates, como la de retransmisión en directo por televisión de las sesiones semanales de control del Gobierno. En ocasiones bastará el acuerdo de la Mesa de Portavoces o una resolución de su presidencia para que esa agilización se produzca, pero en otras -por ejemplo, en relación a los requisitos para la creación de comisiones de investigación- se hará preciso reformar el reglamento. La reunión que celebrará la semana próxima la Junta de Portavoces del Congreso tiene por finalidad estudiar la posibilidad de constituir una ponencia que estudie esa reforma. Pero para que la misma se lleve a cabo es esencial el consenso con los socialistas.

La reforma del reglamento del Senado es aún más necesaria. Desde hace años está planteada la inutilidad de una Cámara cuya posición subordinada respecto al Congreso es absoluta y cuyo origen son las ensoñaciones anglófilas de Manuel Fraga y la nostalgia de lo que fue el Consejo Nacional del Movimiento con el franquismo. La Constitución define al Senado como Cámara de representación territorial, pero el sistema de elección de los senadores no difiere sustancialmente del previsto para el Congreso, por lo que su composición no refleja intereses diferentes. Por añadidura, la constitucionalización de la provincia como circunscripción electoral impide que el Senado. se configure como Cámara que represente los intereses de las comunidades autónomas en cuanto tales.

Habida cuenta de las resistencias a una reforma constitucional, o al menos a la ley electoral, por parte de casi todos los grupos parlamentarios, que sin duda ven en algo así riesgos para su propia estabilidad, las posibilidades de hacer cumplir al Senado su vocación territorial son reducidas. Sin embargo, el consenso sobre la necesidad de avanzar en esa dirección permitiría forzar la interpretación legislativa de forma que a base de una reforma reglamentaría se intente una mayor adecuación del Senado a la configuración autonómica del Estado. Una propuesta en tal sentido de Minoría Catalana fue aprobada en el reciente pleno sobre política autonómica. En el derecho comparado existen ejemplos capaces de inspirar las medidas a acometer. La propuesta de otorgar un escaño en la Cámara alta a los presidentes de las comunidades autónomas parece de las más razonables. Porque lo que no tiene sentido es el espectáculo de un pleno de la Cámara de representación territorial como el celebrado el mes pasado, en el que estuvieron ausentes los presidentes de Euskadi y Cataluña y en el que los de las demás comunidades, perdidos en el banco de los invitados, hacían de convidados de piedra.

Aun abandonando la idea de reformar la Constitución, tema sobre el que es urgente ir abriendo un debate intelectual y político, sin modificaciones sustanciales en la ley electoral y en el sistema de representación político, la dinamización de nuestra vida parlamentaria será imposible. La clase política de la transición necesita atender más a los síntomas de desapego del sistema que nuestra juventud, amante de la libertad y de la democracia, pero que desconfía de los cocodrilos, muestra a cada paso. Ahora que aún es tiempo.