La acusación del 'caso Rueda' actuará contra un médico como presunto encubridor

José García López, el médico oficialmente de servicio en la prisión de Carabanchel los días 13 y 14 de marzo de 1978, cuando el recluso anarquista Agustín Rueda murió tras recibir una paliza, testificó ayer ante el tribunal que juzga estos hechos. Al término de su declaración, la acusación particular anunció que iniciará acciones penales contra este testigo por supuesto encubrimiento.

Con García López son ya cuatro los testigos a los que la acusación particular ampliará la responsabilidad en el caso Rueda. Los otros tres son los funcionarios Santiago García Alonso, Pedro García Martín y Antonio Rodríguez Alonso.Según la declaración de García López, el 13 de marzo el jefe de servicios le comunicó que había un recluso lesionado que "estaba bien" y al que el médico no vio porque estaba la celda cerrada. García López aceptó que aquel día era el responsable médico de la prisión, pero aseguró que su misión consistía en ver a los reclusos "que fueran a consulta por sí mismos o llevados por funcionarios o internos".

García López declaró que a primera hora del 14 de marzo fue llamado a la prisión y cuando llegó a ella se enteró de la muerte Agustín Rueda, sobre la que existían diferentes versiones por parte de las muchas personas que allí se encontraban. A pesar de las numerosas preguntas que se le hicieron para que concretara su testimonio, García López no dijo quién le llamó, a quién preguntó el motivo de haberle llamado, en qué consistían las versiones, quiénes las sustentaban o quiénes eran las "muchas personas" que encontró en la cárcel, a excepción del director y el inspector. El testigo aseguró que no habló sobre el estado de Agustín Rueda ni de los restantes lesionados con sus dos compañeros de profesión procesados ni preguntó si habían sido asistidos o cuál era el origen de sus lesiones.

También prestó testimonio ayer Serafín Conde Alfageme, funcionario que confirmó que había sido expedientado con anterioridad a los hechos que se juzgan por haberse negado a hacer uso de la porra de goma. Por su parte, Manuel Galván, inspector general de prisiones que instruyó el expediente administrativo del caso Rueda, aseguró que las declaraciones iniciales de los procesados, en gran parte contradichas después, fueron hechas con plena serenidad de juicio.