CC OO considera que los Presupuestos de 1988 suponen continuidad del "ajuste duro"
Comisiores Obreras considera que los Presupuestos Generales para 988, aprobados definitivamente por las Cortes la semana pasada, siginifican la continuidad del "ajuste duro laboral y social", a la vez que la renuncia a una política activa de creación de empleo. La central señala que una vez ajustadas las variables económicas como la inflación y el déficit, "que se encuentran hoy en niveles aceptables" el principal desequilibrio macroeconómico son los tres millones de parados.
El sindicato calcula que en el próximo año el número de parados aumentará en 120.000 persoas. En su opinión, con estospresupuestos generales la protecón social empeora y se aumenta
el diferencial social negativo especto a los países de la Comunidad Europea.
Respecto a los presupuestos el Instituto Nacional de Empleo (Inem), el sindicato mantiene que la cobertura al desempleo caerá por debajo de la tasa del 6%, dándose la paradoja de que el INEM se puede ahorrar más de 60.000 millones de pesetas durante 1988, cuando la cobertura está un 20% por debajo del comromiso del Gobierno de alcanar el 48%.
Por otro lado, Comisiones Obreras destaca el hecho de que se siga negando el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos, "que verán, un año más, recortadas sus retribuciones", lo cual se añade a los más de 20 puntos perdidos desde 1978. "La negativa a incluir una cláusula de revisión salarial que garantice las seguras desviaciones sobre la inflación prevista, para pensionistas, funcionarios y desempleados -afirma-, significa un nuevo, golpe a estos colectivos".
Otro aspecto de los presupuestosi generales para 1988 con el que Comisiones Obreras está en desacuerdo es que, a su juicio, se martiene estancada, incluso descenderá, la participación de los salarios en la renta nacional con la tendencia que pretende marcar el Gobierno en política salarial (con el 4%) y la previsible evolucián del empleo.
El sindicato agrega que con la ley aprobada por las Cortes se incrementará la presión fiscal y no hay en ella planes explícitos destinados a la lucha contra el fraude.
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