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El Gobierno mexicano, espera reducir sus gastos en más de 3.000 millones de dólares

Antonio Caño

El Gobierno mexicano espera reducir el gasto público para el próximo año en unos siete billones de pesos (más de 3.000 millones de dólares) en el marco del pacto antiinflacionario suscrito con obreros y empresarios, según han anticipado fuentes de los ministerios económicos. Entre los proyectos del Gobierno están también la venta de entre 40 o 50 empresas del sector público y el despido de trabajadores en otras .

La firma de este "pacto de solidaridad", que el Gobierno se resiste a presentar como un plan de choque, ha creado una gran confusión en su primer día de aplicación y amenaza con dividir a la poderosa Central de Trabajadores de México (CTM), algunos de cuyos dirigentes han declarado abiertamente que se han equivocado al respaldar ese pacto.La primera reacción al acuerdo antiinflacionario ha sido la subida de los precios de casi todos los productos, desde los alimenticios hasta los transportes, inmediatamente repercutidos por la subida del 85% de la gasolina. La Prensa mexicana informa también de la desaparición de los mercados de algunos alimentos básicos, como frijoles, arroz y huevos, a la espera de un reajuste de precios, así como de la suspensión de la venta de automóviles, para los que ya se ha anunciado un aumento del 10% a partir de la próxima semana.

Los sectores de izquierda dentro de la CTM, la principal central obrera del país, han hablado de ruptura de la alianza tradicional entre los obreros y el Gobierno del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El senador Arturo Romo, dirigente de la CTM, ha manifestado que "después de este acuerdo nadie puede asegurar que la lucha del movimiento obrero se mantendrá en los cauces tradicionales. La situación actual de los asalariados tendría que calificarse con una palabra que la censura no dejaría pasar".

Mejor recepción ha tenido el acuerdo entre algunos sectores empresariales, que, no sin cierto escepticismo, creen en la posibilidad de éxito de un plan cuyo objetivo final es rebajar la Inflación actual (140%) a un 2% en el segundo semestre del próximo año. El presidente de la Comisión de Cámaras Nacionales de Comercio, José Chapa, ha manifestado que es lógico que el pacto no haya tenido buena acogida popular porque supone nuevos sacrificios para todos, pero cree que, si el Gobierno cumple con su parte de reducir el déficit público, el plan "servirá de base para dar nuevos pasos en la misma tónica de concertación social". Otros industriales, principalmente productores de maquinarias, sin embargo, han protestado por el efecto negativo que la fuerte rebaja de los aranceles puede tener para los productos nacionales.

Los partidos de oposición han levantado también su grito contra el acuerdo y han pedido la comparecencia ante la Cámara de Diputados de los secretarios de Hacienda, Gustavo Petricoli, y de Programación y Presupuesto, Pedro Aspe, para que expliquen los puntos oscuros del plan. Hasta la Iglesia católica ha hecho oír su queja por un pacto que presenta "severas incongruencias". Solamente el candidato del PRI a la presidencia del país, Carlos Salinas de Gortari, ha apoyado abierta y rotundamente ,el programa de ajuste.

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