El golpista argentino Aldo Rico será juzgado por militares

Por tres votos contra dos, la Corte Suprema de Justicia argentina decidió que el ex teniente coronel Aldo Rico sea juzgado por la justicia militar y no por la civil, que también le reclamaba. Aldo Rico se atrincheró entre el 16 y el 19 de abril en la Escuela de Aplicación de Infantería de Campo de Mayo, cuartel general del Ejército.

La acción de Rico provocó la ruptura de la cadena de mando en el Ejército de Tierra y la caída del jefe del Estado Mayor de la fuerza.El teniente coronel fue separado de las fuerzas armadas por el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el juez federal Daniel Piotti le intimó a la rendición procesándole por rebelión. Ahora, el fallo de la Corte Suprema ha decidido que el juicio contra el ex teniente coronel corresponde a la justicia militar por cuanto "no surgen elementos que permitan, afirmar que el procesado pretendió arrancar una medida o concesión a algunos de los poderes públicos del Gobierno nacional".

La Corte Suprema preestablece así que la asonada de Rico fue un motín y no una rebelión. Los magistrados Jorge Bacque y Enrique Petracchi disintieron, estimando el primero que los sucesos de Semana Santa constituyeron una rebelión y el segundo que en el caso Rico debe actuar primero la justicia militar y después la justicia civil.

El caso es que Aldo Rico, preso en Campo de Mayo, ha visto satisfechas sus aspiraciones de ser juzgado en su fuero. De cualquier manera, tras la reforma del Código de Justicia Militar argentiro en 1984, todas las sentencias castrenses son apelables ante la justicia ordinaria. Así, en el futuro , la fiscalía de la Cámara Federai de Apelaciones en lo Criminal y Correccional podrá intervenir sobre la sentencia que Rico reciba de sus camaradas de armas.

Por otra parte, ayer se reunió durante toda la mañana el almirantazgo argentino para deliberas sobre la situación del teniente de navío Ignacio Alfredo Astiz, quien tiene retrasado dos años su ascenso a capitan de corbeta.

Alfredo Astiz vio congelado su ascenso al encontrarse involucrado en gravísimos delitos contra los derechos humanos, como la desaparición de la adolescente sueca Dagmar Hagelin y de las rrionjas francesas Alice Domon y Lconie Duquet.

La primera causa contra él prescribió, aunque se probó su culpabilidad, y de la segunda fue desprocesado en virtud de la ley de obediencia debida.

No se espera que antes de la próxima semana el presidente Alfonsín decida sobre el ascenso de Astiz, aunque se sabe de su intención primera de ascenderle -con la ley en la mano no puede hacer otra cosa- y exigirle de inmediato su pase a retiro. Otra solución más suave consistiría en ascenderle a capitán de corbeta y dejarle indefinidamente en disponibilidad para ganar tiempo, al tiempo en la esperanza de que se aburra y pida él mismo su retiro. En cualquier caso, la sociedad civil no puede tolerar que un oficial como Astiz prosiga y culmine su carrera naval.

La reacción de la Armada argentina es imprevisible y comprende dos supuestos máximos y peligrosos. La cúpula naval encabezada por el vicealmirante Ramón Arosa, podría pedir su propio pase a retiro, si se corta la carrera de Astiz, provocando una crisis en el arma, dado que ningún otro almirante aceptaría sus tituir a Arosa. Menos probable pero posible es que los compañeros de promoción de Alfredo Astiz, tenientes de navío y capitanes de corbeta, se autoacuartelen en la base naval de Río Santiago en defensa de su camarada y en una reedición del planteo del Ejército de Tierra durante Semana Santa.

El presidente Raúl Alfonsín, una vez más, se ve abocado a elegir entre la peste y el cólera.

* Este artículo apareció en la edición impresa del viernes, 18 de diciembre de 1987.

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