La ley de disciplina de las entidades de crédito bloqueará el intento de convertir las cajas de ahorro en sociedades anónimas

El proyecto de ley de Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito, aprobado ayer por un Consejo de Ministros que tomó nurnerosas decisiones económicas, promoverá una minirreforma financiera. Además de someter las actividades de intermediación bancaria a un trato homogéneo, introduce novedades como la autorización a la banca para hacer leasing (arrendamiento financiero) o emitir cédulas hipotecarias, confirma los anunciados controles en las participaciones bancarias -quienes los incumplan se quedarán sin derechos políticos- y, sobre todo, blcquea indirectamente los intentos de convertir a las cajas de ahorro en sociedades anónimas.Si las Cortes aprueban el proyecto, aprovechado por el Ejecutivo para introducir una serie de disposiciones complementarias que reordenarán la actividad financiera, las cajas de ahorro podrín capitalizarse mediante la emisión de cuotas participativas. Serán unos títulos similares a las acciones, pero sin derechos políticos de representación en los órganos rectores de este 40% del sistema financiero, que por su origen histórico como entidades de beneficencia carece jurídicamente de propietarios.

La posibilidad de emitir estos títulos ya fue acariciada, por sugerencia de algunas cajas, al elaborar hace más de dos años la ley de órganos rectores de las mismas. Esta ley abrió un proceso de renovación todavía a medio camino, dando preponderancia a la representación de las corporaciones locales sobre la de impositores y personal. En la última asamblea del sector, celebrada aún con mayoría de antiguos administradores, las resistencias a este proceso tomaron cuerpo en la propuesta de convertir a las cajas en sociedades anónimas.

Por entender que la iniciativa entrañaría desnaturalizar la ley de órganos rectores, el Gobierno se ha anticipado a buscar una fórmula que permita capitalizar a las cajas sin variar la nueva estructura de poder. De ahí que los titulares de cuotas participativas no podrán aspirar a que sus participaciones económicas en las cajas supongan el ejercicio de derechos políticos de representación en asambleas y consejos.

En otros aspectos, el proyecto aprobado ayer, "de importancia fundamental", según el ministro de Economía, Carlos Solchaga, confirma los anuncios de que toda participación directa o indirecta que supere el 5% en el capital de los bancos habrá de ser comunicada al Banco de España y a la propia entidad en un plazo máximo de 10 días. Para rebasar el 15% se requerirá autorización previa del banco emisor. Incumplir cualquiera de ambos límites aparejará el no poder ejercer los derechos políticos, como el voto en las juntas y la representación en los consejos.

Jornalero indultado

Aparte de dar respaldo legal a las facultades sancionadoras, como exige la Constitución, el proyecto homogeneiza el derecho disciplinario mediante normas por primera vez comunes para todas las entidades de crédito y financieras, incluidos los seguros, el leasing las sociedades de garantías recíprocas y las de inversión colectiva. El órgano sancionador será el Banco de España para infracciones leves y graves, el ministro de Economía para las muy graves y el Consejo de Ministros para renovar la autorización.Según Carlos Solchaga, el proyecto, que autorizará al Banco de España a desarrollarlo, da una consideración universal y no especializada a las entidades de crédito, tanto en su actividad como en la obligación de cumplir coeficientes de caja y garantía.

El Consejo decidió indultar al jornalero Pedro González, que ha mantenido en las últimas semanas diversas huelgas de harribre en protesta de su condena por haber participado en la ocupación simbólica de una finca. También liberalizó por decreto y a los exclusivos efectos del control de cambios la transferencia de tecnología extranjera a empresas españolas, aprobó el segundo Plan Electrónico e Informático Nacional, autorizó a la Tesorería de la Seguridad Social a comprar equipos informáticos por 1.453 millones de pesetas, acordó inversiones públicas por más de 10.000 millones de pesetas e incluyó a las naranjas clementinas y satsumas en un régimen que facilita las ayudas comunitarias.