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El Gobierno pospone la negociación sobre la elección del Defensor del Pueblo

Anabel Díez

El Gobierno demorará su decisión sobre la sucesión del Defensor del Pueblo al reparar en que no es necesario tener un candidato el próximo día 28 de diciembre, cuando cumple el mandato del actual, sino que es a partir de ese momento cuando se abre un proceso para el nombramiento de otro, que puede culminar en enero, si es que se interpreta que a esos efectos no hay vacación parlamentaria. En caso contrario, la decisión se adoptaría en febrero, que es cuando comienza el nuevo período de sesiones.

Alianza Popular (AP), el CDS y Minoría Catalana están decididos a apoyar al actual Defensor del Pueblo, Joaquín Ruiz-Giménez. Por su parte, un dirigente del PSOE ha afirmado que "si todos los grupos parlamentarios quieren que siga, Ruiz-Giménez seguirá". La simpatía de AP, CDS y Minoría Catalana por la persona de Ruiz-Giménez, hasta el punto de empeñarse en que continúe, ha sorprendido en medios gubernamentales. Aunque no hay una decisión firme, había una corriente de opinión mayoritaria en el Gobierno partidaria de que fuera otra la persona que ocupara en el próximo quinquenio la oficina del Defensor del Pueblo.Un dirigente socialista reconocía el pasado fin de semana que habían reparado, ante la lectura pausada de la ley que regula esa institución, en que no es necesario tener un candidato exactamente el día 28, cuando cumple el actual mandato, por lo que tienen más tiempo para negociar con los portavoces de los grupos parlamentarios. Cuando llegue ese día, el presidente del Congreso de los Diputados, Félix Pons, según el artículo quinto de la ley que regula esa institución, de 7 de mayo de 1981, declarará vacante el cargo y se iniciará el procedimiento "para el nombramiento de: un nuevo Defensor del Pueblo en plazo no superior a un mes".

Negociación parlamentaria

La comisión mixta Congreso-Senado para el Defensor del Pueblo acordará un candidato, que elevará al Pleno del Congreso en un plazo no superior a 10 días. "Será designado quien obtuviese una votación favorable de las tres quintas partes de los miembros del Congreso y, posteriormente, en un plazo máximo de 20 días, fuese ratificado por esta misma mayoría del Senado".El portavoz del CDS, Agustín Rodríguez Sahagún, dijo a este periódico que su grupo apoyará a Ruiz-Giménez por entender que es el candidato "con más posibilidades de concitar el consenso de los grupos". "Es posible que el PSOE esté intentando otros ensayos, pero nosotros apoyaremos al actual defensor", continuó Rodríguez Sahagún, con quien el PSOE no ha establecido todavía contactos.

Hasta el momento, dirigentes del PS OE sólo han establecido un contacto "informal" con el portavoz del Grupo Popular, Juan Ramón Calero. Este portavoz también ha manifestado su apoyo a la continuación de Ruiz-Giménez. Ante las manifestaciones del CDS y de AP, un dirigente socialista aseguró que, si todos los portavoces proponían a Ruiz-Giménez, el partido mayoritario no se opondrá y le apoyará.

Minoría Catalana considera que el PSOE debe tener en cuenta que el nuevo mandato del Defensor del Pueblo traspasa la actual legislatura, por lo que debe prever que "quizá en 1990 gobiernen en coalición con algún grupo que hoy está en la oposición", dijo un portavoz de este grupo, que asegura que todavía no ha habido contactos serios, sino un aviso de los socialistas para que "vayan pensando". "Nosotros queremos al personaje más parecido que haya a Ruiz-Giménez en todos los sentidos y que reúna sus características", dijo el mismo portavoz. Minoría Catalana no postulará a nadie, sino que esperará a la propuesta del PSOE.

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A pesar de las novedades de los últimos días -menor premura en la necesidad del nombramiento y las opiniones de la oposición-, medios socialistas reconocen que estaba casi decidido que Ruiz-Giménez no repitiera en el cargo.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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