El modelo audiovisual español, toltalmente diseñado

El Gobierno socialista considera totalmente diseñado y por el momento cerrado el modelo español de la comunicación audiovisual con la próxima aprobación de la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT) y la de televisiones privadas. "A partir de ahora", ha explicado Santiago Varela, secretario general de la Oficina del Portavoz del Gobierno, "dedicaremos nuestros esfuerzos a consolidar este modelo por encima de los condicionamientos técnicos y económicos que se presenten". Esto hará posible dos canales estatales, uno autonómico por cada comunidad, tres privados, todos los de satélite emitidos desde fuera de España (en la actualidad se pueden conectar 16) y las transmisiones legales a través del vídeo comunitario.

La situación española en materia audiovisual comparte la misma fiebre y el mismo interés social que el resto de los países de Europa, pero el modelo no tiene parangón con ninguno de los que funcionan en estos momentos en la zona. "Al que más podría parecerse sería al británico", dice Varela, "en el que coexisten la televisión pública y la privada, pero además tiene concomitancias con otros modelos que cuentan también con televisión privada, como Francia, Italia y en menor medida Luxemburgo".Los instrumentos jurídicos que sustentan este modelo político de los medios audiovisuales son, básicamente, la ley de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), que será aprobada, según todas las previsiones, por el Pleno del Congreso de los Diputados la próxima semana, una vez que ya ha sido devuelta por el Senado. Este texto regula los nuevos servicios de telecomunicación, el nuevo contrato de Telefónica, la radiodifusión (concesiones, redes y frecuencias) e introduce una definición de la televisión como servicio público esencial. Quedan excluidos de esta definición los vídeos comunitarios.

La televisión pública está regulada por la ley de Estatuto de la Radio y la Televisión (1980), para la televisión estatal, y la ley del Tercer Canal de Televisión (1983), para las televisiones autonómicas. Estos dos instrumentos han hecho posible el asentamiento de televisiones autonómicas en funcionamiento como TV-3, de Cataluña; ETB, del País Vasco, y TVG, de Galicia. Otras autonomías preparan sus proyectos respectivos de televisión ya sea en solitario en mediante un sistema de federación.

Tres canales privados

La televisión privada será posible próximamente -podrá comenzar a emitir en un año y medio, según el portavoz del Gobierno, Javier Solana- cuando se apruebe la ley de la televisión privada, que se debate actualmente en el Congreso. El texto, muy atacado hasta ahora por la oposición y por los empresarios, permitirá el funcionamiento de tres nuevos canales privados de cobertura nacional.

El plan técnico que acompañará a la ley y que se encuentra en avanzado estudio, según fuentes de la Administración, exigirá la remodelación de la actual red terrestre de Televisión Española para transportar los nuevos programas privados. Será necesaria una inversión Inicial de 20.000 millones de pesetas, por lo menos, afirman fuentes oficiales. La financiación de las privadas se hará por cuenta de la publicidad. El ministro portavoz del Gobierno, Javier Solana, ha descartado que se adopten otras fuentes financieras, especialmente el pago de un canon.

La televisión vía satélite se posibilita gracias a un real decreto de 1986 de instalación y funcionamiento de estaciones receptoras de programas de televisión por esta modalidad técnica. El vídeo comunitario y lo que algunos empresarios llaman teledistribución quedan regulados a través de otro decreto sobre antenas colectivas.

La televisión por cable, que, en conexión con las diferentes modalidades de vídeo comunitario y televisiones locales, ha alcanzado un fuerte aunque incontrolado desarrollo, no tiene una regulación específica ni parece que vaya a tenerla en el próximo futuro. Técnicos de la Administración han asegurado que en tanto no exista una infraestructura seria y de cobertura nacional de redes de cable no se procederá a su regulación, y en ese caso se trataría de tina televisión de pago. El cable, sobre todo el de fibra óptica, que ya se está instalando en algunas ciudades españolas, tiene varias aplicaciones y no sólo la transmisión de señales de televisión.

El portavoz del Gobierno ha dicho, sin embargo, que el cable como red de transmisión queda contemplado en la ley de televisión privada y Santiago Varela ha afirmado que también hay una referencia suficientemente clara en la LOT y que los actuales proyectos de cable deberán someterse a esta ley. "La decisión sobre el cable", ha asegurado este último, "debe adoptarse en cada momento a través del Plan Técnico Nacional". Fuentes jurídicas consultadas estiman, no obstante, que se puede hablar de vacío legal respecto al cable como transporte de programas de televisión.

Caos

Santiago Varela ha admitido que existe una situación caótica en el tema de los vídeos comunitarios, que en muchos casos llegan a confundirse también con empresas de distribución de señales o con televisiones locales, "debido a que existía hasta ahora un vacío legal". "La LOT permite el vídeo comunitario", ha dicho, "pero lo que no va a ser posible es crear, bajo el pretexto del vídeo comunitario, sistemas o redes de televisión privada paralelos o al margen de la ley".

Otro dato a añadir a este caos de vídeos comunitarios y de teledistribución que se ha introducido por la vía de los hechos consumados es precisamente el de la baja calidad técnica de muchas de las instalaciones de cableado comunitario o interbarrios, según fuentes profesionales de los colegios de Ingenieros de Telecomunicaciones encargados de supervisar los proyectos.

Para el secretario general de la Oficina del Portavoz, "la oferta legal del Gobierno en materia audiovisual es razonable". "Pretendemos un desarrollo de la industria y de la producción propia que nos lleve a una televisión de calidad, a la vez que facilitamos la viabilidad económica de las televisiones privadas mediante el reparto del pastel publicitario. También nos corresponde impedir la anarquía técnica".

Algunos de los empresarios españoles que han mostrado públicamente interés por explotar comercialmente una emisora de televisión privada se muestran críticos con la ley de televisión privada, aunque admiten que es un paso importante y que "siempre es bueno que exista una ley".

Romualdo de Toledo, directivo del Grupo 16 y responsable de la coordinación de los proyectos de televisión de esta empresa, ha dicho que el Gobierno pide algo excepcional a las empresas "porque las privadas van a ser satélites de la pública y a la vez van a tener que competir con ella".

Según el representante del Grupo 16, los empresarios están fríos ante la ley, entre otras razones, "porque habrá que repartir los 113.000 millones de la publicidad que actualmente se lleva Televisión Española, pero en feroz y desleal competencia". "Por eso estamos estudiando alterna