Economía renuncia a que Estadística pase a depender de otro ministerio

El Ministerio de Economía y Hacienda ha renunciado a pasar el Instituto Nacional de Estadística (INE) a otro departamento, en concreto, al de Administraciones Públicas, opción prevista en los primeros borradores del anteproyecto de ley estadística. A la vez, según fuentes gubernamentales, se ha descartado la alternativa de hacerle depender orgánicamente de las Cortes, solicitud de todos los grupos parlamentarios de oposición. El texto será sometido a consulta de las comunidades autónomas, personal del INE, fuerzas sociales y usuarios antes de remitirlo al Parlamento.

La renuncia a trasladar el órgano coordinador y planificador de las estadísticas a Administraciones Públicas, lo que implica volver a la iniciativa formal de que la autoridad estadística permanezca en Economía y Hacienda, ha sido decidida tras las conversaciones mantenidas entre altos cargos de los dos ministerios.Fuentes del INE apuntan que, sin embargo, el asunto todavía podría ser replanteado en el seno del Consejo de Ministros o durante el debate parlamentario, pues "tampoco es imposible coordinar las estadísticas desde cualquier otro departamento, como señala la experiencia internacional". En cualquier caso, se descarta que el Gobierno acepte la petición unánime de los grupos parlamentarios, que el pasado 30 de septiembre se unieron a una propuesta del Centro Democrático y Social para hacer depender el INE de las Cortes.

Proposición insólita

Según el director general del INE, Javier Ruiz Castillo, "esta proposición resulta insólita, por dos razones: ni uno sólo de los 22 principales países occidentales tiene su oficina central estadística integrada de forma directa en el Parlamento, aparte de que las Cortes tienen en España suficientes recursos para controlar y criticar. Yo mismo he comparecido este año seis veces en el Parlamento, que bien puede crear una subcomisión en el seno de la Comisión de Economía y Hacienda".

Ruiz Castillo opina que los aspectos organizativos del INE deben figurar entre las últimas prioridades de la reforma, intentada sin éxito desde hace 10 años. A su juicio, tiene mayor interés, por este orden, actualizar y perfeccionar la regulación del secreto estadístico, a falta de una ley de protección de datos; el fijar mecanismos de cooperación con el resto de la Administración estatal, comunidades autónomas y corporaciones locales; el revitalizar y potenciar el Consejo Superior de Estadística, con presencia de todas las administraciones públicas, fuerzas sociales, usuarios, expertos e INE; el elaborar un plan nacional de estadística, "cuyo futuros contenidos nadie discute", y el lograr respaldo social para estos proyectos.

Los temas organizativos, muy contestados por la amplia mayoría de los funcionarios del instituto, van a ser sometidos nuevamente a consulta entre éstos, que se oponen principalmente al proyecto de dividir el actual INE en dos partes: la oficina central (como órgano de planificación y coordinación de las estadísticas) y el aparato de producción (para el que se han pensado las figuras jurídicas de empresa o ente público con el fin de flexibilizar los sistemas de elaboración de los datos sin que los mismos pierdan su oficialidad).

Altos cargos de Economía y Hacienda han reiterado que todavía no hay un proyecto del ministerio, sino un manuscrito que surgió de un grupo de juristas y diversos informes del departamento y de la comisión ejecutiva del INE.

Al margen de la suerte final del proyecto, para cuya entrada en vigor se ha trazado la fecha de 1989, el director general del INE subraya que la mejora de las estadísticas sigue a buen ritmo, gracias a que los recursos presupuestarios del INE se han incrementado en dos años cerca del 40% y éste cuenta ya con unas 3.000 personas.