El Poder Judicial rechaza un informe interno desfavorable a las nuevas normas antiterroristas

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se reunirá el próximo viernes para aprobar el informe sobre el anteproyecto de nuevas normas susititutorias de la ley antiterrorista. La comisión de estudios del Consejo, que ha preparado un texto sobre el que debatirá el pleno, rechazó un informe técnico-jurídico desfavorable a las nuevas normas. Por lo demás, el borrados elaborado por la comisión enjuicia positivamente el anteproyecto, si bien pide al Gobierno que la nueva normativa especifique una fecha límite a las competencias de la Audiencia Nacional sobre los delitos de terrorismo.

La comisión de estudios rechazó el informe técnico-jurídico elaborado por el letrado del Estado adscrito al CGPJ, Francisco Bueno Arús. El borrador de Bueno era globalmente desfavorable a las normas sustitutorias de la ley antiterrorista, materia en la que este jurista es un experto. Entre otros criterios Bueno Arús considera juirídicamente dudoso establecer para los delitos de terrorismo penas de mayor gravedad que las previstas para los restantes, delitos de similar entidad. Esta tesis coincide con el criterio expresado públicamente por este jurista, para quien "el terrorismo no puede ser combatido con métodos terroristas".Un artículo de Bueno Arús, que contenía críticas jurídicas a la vigente ley antiterrorista y que iba a publicarse el pasado año en el boletín de información oficial del Ministerio de Justicia, fue la causa de la destitución del subdirector general jefe del servicio de publicaciones del citado departamento, Miguel Angel López Requena. En aquel artículo, Bueno Arús señalaba que al penalista Luis Jiménez de Asúa, por su talante de "defensor de las libertades y del rigor técnico en la elaboración de las leyes", no le habría gustado la ley antiterrorista, dados "sus demasiados excesos e incorrecciones". El artículo lo publicó finalmente la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense.

Compromiso político

En el informe prescriptivo, aunque no vinculante para el Gobierno, que el viernes aprobará el pleno, es muy probable que el CGPJ asuma el de la comisión de estudios, ya que en la reunión preparatoria celebrada por ésta estuvieron presentes todas las corrientes del órgano de gobierno del poder judicial. En el ánimo del Consejo pesará además, según fuentes oficiosas del mismo, que uno de los puntos presentados por el Gobierno como más positivos no figura en las nuevas normas antiterroristas: el futuro trasvase de las actuales competencias de la Audiencia Nacional, con sede en Madrid, sobre los delitos terroristas, a los jueces del lugar donde se cometieron los delitos.La reforma de la legislación antiterrorista sometida a informe del CGPJ prevé una disposición transitoria a añadir a la ley orgánica del Poder Judicial, que se limita a decir que "los juzgados centrales de instrucción y la Audiencia Nacional continuarán conociendo de la instrucción y enjuiciamiento" de las causas por delitos de terrorismo. El ministro de Jústicia, Fernando Ledesma, ha señalado que el cambio de competencia se producirá a la entrada en vigor de la futura ley de Demarcación y Planta, pero este compromiso político no figura en el proyecto de ley.

Previamente a la sesión plenaria del próximo viernes, el presidente del Gobierno, Felipe González, visitará mañana el Consejo en un encuentro presentado desde medios oficiales como de devolución a la visita que los miembros del CGPJ hicieron a la Moncloa el 31 de octubre de 1986, a raíz del conflicto surgido entre la policía y los jueces por la investigación policial al magistrado Andrés Martínez-Arrieta.

El pacto de los partidos

Fuentes oficiales del Consejo aseguraron que el encuentro con González estaba previsto para el pasado día 3 de diciembre. Fuentes oficiosas señalaron, por su parte, que carece de sentido cualquier suspicacia sobre la coincidencia de la visita de Felipe González y el informe sobre la derogación de la ley antiterrorista, porque "el Consejo", dijeron, "no necesita que el presidente del Gobierno le convenza de la bondad de unas normas apoyadas por la gran mayoría del Parlamento".Esta misma filosofía fue sustentada por varios de los asistentes a la reunión celebrada la semana pasada por la comisión de estudios del Consejo. Pertenecen a esta comisión los vocales Antonio del Cacho, Pablo Beltrán de Heredia, José Augusto de Vega, Valentín de la Iglesia e Ignacio de Otto. A la reunión asistieron también Francisco Huet, Juan José Martínez Zato, José Luis Calvo y Emilio Berlanga. Ante las reticencias de algunos vocales hacia las insuficiencias jurídicas de las nuevas normas antiterroristas, la mayoría se inclinó hacia un juicio favorable, tras poner de manifiesto un vocal: "Nosotros no podemos dar la nota discordante respecto a lo que han pactado los partidos".