Punto muerto sobre Gibraltar

EL ENCUENTRO infructuoso mantenido este fin de semana en Madrid entre el ministro de Exteriores español, Francisco Fernández Ordóñez, y el secretario del Foreign Office, sir Geoffrey Howe, ha significado un punto muerto en las conversaciones de carácter técnico que han venido celebrando los últimos meses españoles y británicos con el objeto de desbloquear el contencioso sobre el aeropuerto de Gibraltar. La negociacíón ha de proseguir en Londres el próximo miércoles con el concurso de los ministros de Transportes de ambos países, de modo que lo que de forma excesivamente optimista se califica por ambas partes de progreso se convierte en realidad en un simple compás de espera.Para España, lo que se ventila en este conflicto no es precisamente baladí: nada menos que el reforzamiento de la soberanía británica no sólo sobre el Peñón, sino sobre zonas anejas ocupadas de hecho con el paso del tiempo y, por supuesto, al margen de lo estipulado en el Tratado de Utrecht. Y ello a caballo de la entrada en vigor de la directiva de la Comunidad Europea (CE) sobre la liberalización del transporte aéreo comunitario. Cuando en julio pasado la CE intentó aprobar por mayoría esta directiva, Londres pretendió que el aeropuerto de Gibraltar -construido durante la guerra civil española sobre una franja de terreno ilegítimamente ocupada mucho antes- tuviese la misma consideración que cualquier otro aeropuerto británico.

La oposición de España a la entrada en vigor de la directiva comunitaria si en ella se incluía el aeropuerto de Gibraltar era obligada, pues era tanto como ceder sin contrapartida alguna en una cuestión que está sometida a litigio y sobre la que precisamente mantiene conversaciones casi permanentes desde 1984 con el Reino Unido. El conflicto tiene eminentemente una dimensión nacional, tanto para España como para el Reino Unido. Pero el hecho de que ambos países formen parte de una estructura supranacional como es la CE les obliga a abordarlo con una mayor predisposición al arreglo. Ninguno de los dos países puede arrostrar alegremente la impopularidad de frenar con su actitud el avance hacia la integración europea y de poner impedimentos a la libre comunicación entre los ciudadanos de la CE. En este sentido hay que reconocer que la posición española, causante directa de la suspensión de la entrada en vigor de la directiva comunitaria, no ha sido acogida precisamente con simpatía en los países europeos. España tampoco ha sabido en esta ocasión explicar convincentemente ante los organismos comunitarios y la opinión pública las razones que avalan su postura. Y ello a pesar de la clara ventaja que en la disputa le otorgan los sólidos argumentos históricos y legales de que puede echar mano frente a los británicos.

Pero el indudable color comunitario que tifie este conflicto no debe servir para avalar situaciones anacrónicas creadas en el pasado por actos de fuerza de unos países sobre otros. El proyecto de integración europea, en el que están empeñados los doce, debe servir en todo caso para que los conflictos bilaterales heredados del pasado se disuelvan más fácilmente en estructuras de alcance supranacional, como son las que Europa intenta establecer con la entrada en vigor del acta única. La superación de estas situaciones históricas no debe desconocer los derechos adquiridos por la población, a los que debe buscarse una salida negociada. Ése es un principio básico de toda negociación que se considere digna de ese nombre. Pero en ningún caso la Europa comunitaria puede permitir en su seno enclaves coloniales que obstaculicen las relaciones de igualdad que deben existir entre los países que la integran. Como se ha visto en el caso de la directiva comunitaria sobre la desregulación del tráfico aéreo, situaciones anacrónicas como la de Gibraltar sólo sirven para añadir dificultades a las que ya cuestionan la viabilidad de un proyecto de vital interés para el presente de los países europeos como es el que anima la creación de la CE.