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Editorial:

Policía poco autónoma

LAS DENUNCIAS aparecidas en la Prensa sobre los criterios partidistas de reclutamiento de los agen tes de la policía autónoma vasca (Ertzaintza), y sobre su instrumentaliz ación política por parte del Partido Nacionalista Vasco, son apabufiantes. Los ciudadanos, que pagan sus impuestos sin dis tinción de credos políticos o ideológicos, tienen derecho a conocer todo lo relativo a ese asunto, incluyendo los nombres de los responsables del mismo. Sin embargo, para la dirección peneuvista todo se reduce a "una campaña de desprestigio de la Ertzaintza". Lo de menos, así, es aclarar si las denuncias tienen o no fundamento. Lo importante sería desenmascarar "al canalla" -la expresión es de Arzalluz- que ha filtrado los papeles, y denigrar, con argumentos que abochornan, a los informadores.Hace ahora tres años, en una intervención en el batzoki de Beasain, el presidente del PNV se refería críticamente a la escasa receptividad del entonces lehendakari, Carlos Garaikoetxea, a las presiones para introducir a afiliados peneuvistas en determinados puestos de la Administración vasca, pasando por encima de la legislación. Pocas dudas caben, a la vista de los documentos ahora difundidos, de cuáles han sido los métodos practicados por el PNV para construir una Administración hecha a su imagen y semejanza. Con frecuencia, el PNV ha confundido sus intereses partidistas con el interés nacional de Euskadi. Quienes lo denunciaron fueron calificados en su día de derrotistas, en unos casos, y de antivascos, en otros. Ahora pueden comprobarse algunos resultados de aquella política.

La policía autónoma vasca, destinada a convertirse en pieza sustancial de la normalización de Euskadi, se encuentra hoy en una delicada situación: el acuerdo del Parlamento sobre la paulatina sustitución de las fuerzas de seguridad del Estado por la Ertzairitza se ve seriamente comprometido por la evidencia de que esa policía ha sido construida no como una institución al servicio de todos los ciudadanos, sino como una policía de partido, discriminatoriamente reclutada y sectariamente utilizada.

Si a ello se añaden escándalos como las escuchas telefónicas a Garaikoetxea, por las que hay tres funcionarios del departamento vasco de Interior procesados; las revelaciones sobre otras actividades paralelas ilegales y las informaciones, de fuentes sindicales de la propia Ertzaintza, sobre la oposición de gran parte de los agentes autonómicos a enfrentarse al terrorismo, se comprende el desánimo de muchos ciudadanos que confiaron en la creación de una policía legitimada por el reconocimiento de todos los ciudadanos vascos como elemento decisivo en el proceso de normalización política.

Que los votos de los diputados socialistas se hayan unido a los del Partido Nacionalista Vasco para cerrar el paso a una comisión parlamentaria que investigase las denuncias sobre la Ertzairitza no hace sino agrandar el escándalo. Si el objetivo era evitar un mayor desgaste del Gobierno de coalición, la decisión resulta, además de antidemocrática, absurda. El descrédito de los métodos practicados por el consejero Retolaza no dismínuira, sino que se extenderá a los socialistas; y la polémica se desarrollará fuera de las instituciones, de manera desordenada y de forma dilatada en el tiempo. Durará tanto, al menos, como tarde Retolaza en presentar su dimisión. Que es inaplazable.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 26 de noviembre de 1987