Cristina Almeida permaneció tres horas detenida por criticar a un juez en un caso de aborto

La abogada Cristina Almeida quedó ayer en libertad provisional tras permanecer tres horas detenida en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, en cumplimiento de un exhorto de un juez de Pamplona que decretó su prisión incondicional por indicios de injurias graves al magistrado Juan José García Pérez. La ahogada recordó un expediente al que estuvo sometido este magistrado por supuesta incapacidad mental para explicar el auto de procesamiento dictado contra tres médicos y una joven de 19 años, acusados por Acción Familiar de un delito de aborto. El auto de prisión fue recurrido el lunes pasado por el fiscal y el juez de Pamplona lo modificó ayer e impuso a Almeida la obligación de declarar en Pamplona el próximo viernes.

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Cristina Almeida, que se enteró casualmente el lunes de que existía un exhorto contra ella en el Juzgado de Instrucción número 22 de Madrid, se presentó voluntariamente ante su titular, Lourdes Sanz, a primeras horas de la mañana de ayer. Poco después, si. procurador, Jesús Alfaro, comunicó a las personas que esperaban ante la puerta del juzgado, que la magistrada iba a dar cumplimiento al exhorto, en el que se pedía el ingreso en prisión de la ahogada, mediante su traslado a les calabozos. Añadió que este tratamiento era el propio para "un delincuente común, sorprendido realizando un atraco".Instantes más tarde, Luz Almeida, hermana de la detenida, leyó el telegrama por el que el juez de Instrucción número 1 de Pamplona, Guillermo Ruiz-Polanco, daba cuenta al juez de guardia de Madrid del auto por el que acordaba la "prisión provisional incondicional de la llamada Cristina Almeida, quien parece ser abogada [sic] residente en Madrid, por hechos indiciariamente constitutivos de un delito de injurias graves a autoridad judicial en ejercicio de su función".

El exhorto añadía: "tras la práctica de diligencias encaminadas a la averiguación de su paradero y subsiguiente constitución en prisión, ruego V. I. se sirva disponer inmediato traslado a Pamplona". El telegrama concluía con un saludo y la información de que todo lo anterior había si do acordado en el sumario de urgencia número 39 de 1987. Aunque la principal afectada por el mencionado sumario no ha sido oída hasta el momento, el juez Ruiz-Polanco decretó la prisión incondicional de Cristina AImeida, que ayer revocó ante el recurso del fiscal.

La noticia de la modificación del auto de prisión produjo un gran entusiasmo en los pasillos de los juzgados de la madrileña Plaza de Castilla, en donde fue rccibida con aplausos Cristina Almeida, tres horas después de su entrada en el juzgado. La abogada recordó que entre las críticas realizadas por ella "la más dura fue contra el Gobierno, por mantener una ley del aborto que permite un auto de procesamiento como el dictado por el juez García Pérez; el Gobierno no se ha sentido injuriado y el juez sí, pero yo continuaré en esta lucha".

'Sospechas' judiciales

Las declaraciones de Cristina Almeida que desencadenaron la orden de prisión ayer revocada fueron realizadas en Pamplona el pasado jueves, antes de su intervención en una mesa redonda sobre la situación del aborto en España, convocada por la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Navarra. Almeida comentó el auto de procesamiento dictado por el juez García Pérez, en el que apuntaba su sospecha de que la joven procesada "conociera su embarazo y lo silenciara, con la presunta finalidad de que le realizaran las radiografías" y poder alegar después malformación del feto para abortar legalmente.

Cristina Almeida atribuyó entonces el razonamiento judicial a "un problema personal del juez" y recordó que, cuando se encontraba destinado en la Audiencia Territorial de Bilbao, fue sometido a un expediente de incapacidad mental. "No sé cual fue el resultado de aquel expediente", añadió la abogada, "pero quizás habría que aportar como dato nuevo este auto de procesamiento para saber si de verdad refleja una mentalidad normal, porque creo que en él se hacen afirmaciones demasiado retorcidas para aplicar justicia".

La primera reacción a estas declaraciones fue un comunicado de la Junta de Jueces de la Audiencia de Pamplona, en la que expresaban su "profundo rechazo" a las manifestaciones de la abogada, por entender que "exceden el derecho legítimo de crítica y suponen un claro atentado a la independencia judicial o al honor" del juez García Pérez.

La crítica a los jueces

En contraste con esta actitud, que se ha calificado de corporativista desde distintos medios políticos, jurídicos y sociales, Jueces para la Democracia emitió ayer un comunicado muy crítico para su compañero. En primer lugar, la asociación judicial progresista expresa su "preocupación por el mantenimiento de la figura del desacato en el Código Penal, en cuanto hace posible, como acredita una dilatada experiencia", dice, "la criminalización indiscriminada de cualquier tipo de crítica sobre la administración de justicia y los jueces".

Jueces para la Democracia añade que, "tratándose de un derecho constitucional, ejercido sobre una institución detentadora de poder, la libertad de expresión debe prevalecer en todo caso". Por último, el mencionado colectivo judicial rechaza "el uso que en este supuesto concreto se ha hecho de una medida de carácter excepcional, desproporcionada, cuando lo que se imputa a Cristina Almeida es un delito de opinión y no existía el mínimo fundamento racional para pensar que pudiera tratar de sustraerse a la acción del juzgado".

Por su parte, la Unión Progresista de Fiscales celebra la restitución de la libertad a Cristina Almeida y se congratula por "la celeridad y acierto del ministerio fiscal interponiendo el correspondiente recurso". Por el contrario, estima "preocupante" que Almeida hubiera sido procesada sin ser oída.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 24 de noviembre de 1987.

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