La justicia tiene solución

y JOSEP MARIA BERNATEste fin de semana se ha celebrado en Madrid el que se ha denominado Primer Congreso-Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español, en el que se trató de proponer las medidas que hagan posible que la justicia funcione. Dos juristas exponen las razones que hacen pensar que el problema tiene solución

.La justicia tiene solución ' . Con este título se ha celebrado este fin de semana el primer Congreso Asamblea de Gentes del Derecho del Estado Español, que ha despertado considerable interés en todos los estamentos de los profesionales del derecho. Ese interés obedece a varias razones fundamentales.

En primer lugar, por primera vez en la historia en la organización de la sociedad civil, se ha planteado una convocatoria interdisciplinaria de juristas y trabajadores de la Administración de Justicia a fin de evitar cualquier planteamiento corporativo que lleve a inútiles acusaciones mutuas y a la elaboración de alternativas en beneficio de cada uno de los cuerpos y profesiones. Romper con los intereses mezquinos de los diferentes grupos profesionales, que se anteponían en el análisis y la elaboración de alternativas a los mismos intereses de la justicia y el justiciable, comportaba un congreso con las características de esta convocatoria. El manifiesto de los 1.000, elaborado por los colegios de abogados, era fundamentalmente un acta acusatoria contra los funcionarios de las oficinas judiciales, desde el juez hasta el agente, olvidando la enorme responsabilidad que incumbe a los colectivos de abogados en la situación del actual deterioro de la justicia. La respuesta a aquel manifiesto, elaborada por Jueces para la Democracia, era más una defensa ante la inculpación realizada por los abogados del estamento judicial que un análisis sereno de las causas del deterioro de la justicia. Es a partir de estos dos acontecimientos cuando surgió la idea de buscar fórmulas asociativas que permitieran a todos los juristas interesados trabajar por una Administración de justicia entendida como servicio público y en la que se practicaran los principios constitucionales de inmediación, oralidad, celeridad, publicidad, concentración y contradicción, y quedaran organizados o coordinados en formas supraestamentales en todos los territorios del Estado.

Por tanto, en este sentido el congreso ha sido ya en sí mismo la consecuencia de esta coordinación de las diferentes asociaciones de juristas en todo el Estado y al mismo tiempo la expresión de la necesidad de establecer un organismo permanente que la asegure en el futuro.

Y es un hecho importante porque en el ámbito de la Administración de justicia todas las experiencias asociativas habían estado hasta ahora estrechamente ligadas a expresiones corporativas.

En segundo lugar, el congreso ha intentado abrir un debate amplio, sin ningún tipo de barreras ni cortapisas previas, sobre la situación actual de deterioro en que se encuentra la Administración de justicia. Un debate, además, sereno, que permitió un análisis objetivo de las causas de tal situación y que concretó las afirmaciones genéricas en la actuación cotidiana de los diferentes órganos jurisdiccionales: laboral, penal, civil y contencioso-administrativo.DebateEste debate debe permitir la posterior realización de un estudio mucho más profundo, en el que se aborden pormenorizadamente las causas orgánicas, sustantivas y adjetivas que provocan el caos actual, con las consiguientes propuestas de remoción de las mismas. Por tanto, el congreso abre las puertas y sienta las bases de los trabajos a realizar a corto y medio plazo.

Por último, entendemos que el congreso ha servido para esbozar las líneas generales de las alternativas que se proponen dentro de esa concepción de la Administración de justicia como servicio público; es decir, al servicio de los intereses de los ciudadanos justiciables, en los términos de tutela efectiva contenidos en el artículo 24 de la Constitución, y mediante el cumplimiento estricto de los principios constitucionales que deben informar la acción de los jueces y tribunales y que se han expuesto anteriormente. Por tanto, la alternativa tiene que estar fuera y excluir a todos aquellos profesionales del derecho que entienden que la Administración de justicia es un ejercicio de prepotencia, incontrolada e incontrolable por los ciudadanos, o bien un instrumento de obtener minutas, subordinando a ello los intereses de los justiciables.

El congreso ha servido para incidir en una alternativa de simplificación de los actuales procedimientos bajo el lema de acercar la justicia como organización al justiciable y garantizar la tutela efectiva, y rechazar cualquier opción que subordine dicha tutela a intereses profesionales manifestados en la complejidad litúrgica de los procedimientos para promover el uso continuado de intermediarios.

Pero ese planteamiento requiere al mismo tiempo pensar en una oficina judicial diferente a la actual, en un juez o tribunal controlado periódicamente, en un reforzamiento de las medidas coactivas para lograr el cumplimiento de las resoluciones judiciales, en un sistema absolutamente diferente al actual para promover el acceso del ciudadano al juez o magistrado, en una reforma del derecho material que tutele legalmente los derechos de los ciudadanos proclamados por la Constitución, en una dotación suficiente de medios...

Desde Cataluña saludamos el importantísimo acontecimiento y nos hemos incorporado plenamente a las tareas del congreso, constatando que el mismo ha sido convocado no para pedir sangre, sino para pedir cancha; es decir, no desde una perspectiva de enfrentamiento radical con el Ejecutivo y los poderes públicos en general, sino con los deseos sinceros de una colaboración crítica en la consecución de los objetivos que interesan a la mayoría de los ciudadanos. son abogados. Firman también este artículo Gloria Wihelmi (abogada), Gerard Thomas y Ana Pérez Tórtola (jueces), José María Mena y Pedro Martínez (fiscales) y María José Pérez y Consuelo Lao (secretarias judiciales).,