Nuevo marco legal para la reconversión de los astilleros

La Administración aprobará un nuevo marco legal de actuación en el sector de la construcción naval, en el que se contempla la habilitación de una línea de créditos preferentes del Banco de Crédito Industrial (BCI), la concesión de ayudas directas y la puesta en marcha de nuevas medidas de ajuste ¡ahora¡ "no traumáticas" para las sociedades pertenecientes a este sector y que presenten programas para incrementar su competitividad.

La normativa de la continuidad jurídica al antiguo plan de reconversión aprobado para el sector en 1984 y que ha concluido sin el éxito esperado a finales del año pasado. El nuevo paquete de medidas, además, ha de ser aprobado por la Comunidad Europea (CE) y apunta a mejorar la situación de la industria del sector que atraviesa por una de sus más profundas crisis, especialmente en el área de grandes astilleros.Contrariamente a lo contenido en el plan de 1984, con el que no se ha conseguido llevar a buen puerto al sector de astilleros, las medidas diseñadas ahora por el Ministerio de Industria no se aplicarán de un modo sectorial, sino que irán dirigidas a sociedades concretas. Las empresas beneficiarias serán aquellas que presenten un "programa de adaptación a la competencia" hasta 1990 a través de la Sociedad para la Reconversión de Pequeños y Medianos Astilleros (PYMAR) y de la división de construcción naval del INI.

El conjunto de ayudas directas, que se materializará en Torma de primas, cuenta con un presupuesto inicial de 16.500 millones de pesetas para 1988, en concepto de crédito ampliable, disponibles por el Ministerio de Industria. Asimismo, se arbitrará una línea de créditos preferentes en el BO con un interés del 8% y a 12años.

El nuevo marco da continuidad igualmente a los procesos de ajuste de plantilla "no traumáticos" y garantiza la vigencia de los órganos de gestión del antiguo plan: PYMAR, la división de construcción naval del INI, la gerencia y la comisión de control y seguimiento. Se descarta, además, la constitución de una nueva mesa de negociaciones ya que, jurídicamente, lo que se hace es dar continuidad a puntos concretos del antiguo plan. Los sindicatos presentes en esta mesa son ELA-STV y UGT.

El nuevo paquete de medidas, complementario a las actuaciones de tipo financiero aprobadas durante el pasado verano, ha de ser aprobado por la CE a la luz de la nueva normativa comunitaria para el sector. En este « sentido, la denominada sexta directiva de diciembre pasado contempla expresamente la necesidad de que la industria española avance en el proceso de reducción de capacidad productiva a lo largo del próximo cuatrienio, como uno de los elementos imprescindibles para desbloquear las ayudas al sector y garantizar su competitividad al término de la década.

Objetivos puntuaes

El diseño del nuevo conjunto de actuaciones dirigidas a empresas concretas por parte de la Administración viene a producirse tras la renuncia a fijar objetivos globales en lo referente a la capacidad de producción del sector en toneladas de registro bruto compensadas (TRBC). Igualmente, la Administración ha renunciado a cifrar volúmenes globales de empleo.Ambas variables han de ser determinadas en última instancia por la industria de astilleros a través de los distintos planes que presenten las empresas interesadas. Las medidas de ajuste laboral se llevarán a cabo, en todo caso, a través de jubilaciones anticipadas, si bien no está previsto que, en esta nueva etapa, los excedentes se integren en los Fondos de Promoción de Empleo (FPE).

En el plano laboral se baraja igualmente la posible prórroga por un año y medio de los beneficios de los FPE para los trabajadores de Astilleros y Construcciones (Ascon) y de Cantábrico y Riera. Según lo aprobado por el consejo de PYMAR, esta sociedad completará las prestaciones de la eventual prórroga. Distintos medios consultados apuntan igualmente la posibilidad de que se aliente la sustitución de algunos de los nuevos excedentes por trabajadores procedentes de los fondos. En caso de producirse este trasvase, ha de llevarse a cabo tras una negociación entre el astillero concreto y los sindicatos.

El paquete de medidas a poner en marcha por la Administración viene a plantearse como consecuencia del fuerte contraste entre las previsiones del plan original para 1986, y la situación real del sector.