Don Tancredo, ridiculizado

LA MANIFESTACIÓN del pasado martes en Madrid, protagonizada por 2.000 trabajadores minusválidos de Prodiecu y otros varios miles de acompañantes, fue un ejemplo de incivismo y puso de manifiesto un comportamiento inadmisible y abusivo en el ejercicio de un legítimo derecho constitucional. Pero tampoco la actitud mantenida en esta ocasión por la autoridad gubernativa podrá figurar en una antología de capacidad de reflejos o de imaginación. Atrapados entre los abusos de unos ciudadanos irresponsables y la pasividad de una autoridad vacilante, los madrileños han visto una vez másgravemente alterada su convivencia y prácticamente impedida su libre circulación por la ciudad. El 60% de los desplazamientos fueron alterados a lo largo del día, y el 30% no se pudieron efectuar. El perjuicio para la población fue gravísimo, y la indignación, muy superior a la eventual simpatía que puede despertar la situación laboral de unos trabajadores con problemas de minusvalía que han sido abiertamente explotados por una organización ilegal.La Delegación del Gobierno en Madrid y la Federación Estatal de Comercio de Comisiones Obreras, convocante de la manifestación, habían acordado las condiciones de su desarrollo, entre ellas, el horario, el itinerario a seguir y el compromiso de que la marcha transcurriese por las aceras para no impedir la circulación. Ninguna de estas condiciones fue cumplida por los manifestantes, y el resultado fue la paralización casi total del tráfico durante horas en un ampliocírculo de calles céntricas. La llegada masiva de autobuses con manifestantes al centro de la ciudad y su deliberada colocación en determinados puntos estratégicos contribuyeron a agravar el caos.

Si el objetivo de los organizadores era recabar la solidaridad con los minusválidos afectados por el cierre de Prodiecu, que daba trabajo a buen número de ellos, no podían haber escogido un medio más contraproducente. Hemos asistido una vez más a la perversión consistente en prescindir del fin, sacrificado a la espectacularidad del medio. Pero es llamativa la incompetencia de que ha hecho gala la delegada del Gobierno en la Comunidad autónoma de Madrid. La pasividad de la fuerza pública ante la actuación de los manifestantes la ha explicado por la preocupación de no aparecer en los medios de comunicación golpeando a minúsvalidos. Pero si se descartó de antemano la intervención de la fuerza pública, como ha reconocido, debería haber previsto medidas alternativas de disuasión. Porque ni todos los manifesrantes eran minusválidos, ni todos los minusválidos lo son en igual medida, ni, por el hecho, de serlo están autorizados a vulnerar la ley.

Por lo demás, nada de eso evitó el recurso, cuando era demasiado tarde, a la actuación de la fuerza pública. Todo un curso de desprestigio de la autoridad ante la mirada atónita de unos ciudadanos que no por estar escaldados del autoritarismo de antaño dejan de exigir a sus gobernantes el buen gobierno y la responsabilidad política. Entre la salida inútil e inadmisible de prohibir la celebración de manifestaciones en los centros de las ciudades y el tancredismo y la ineptitud existe una amplia gama de alternativas. Los administradores públicos están para proteger los derechos de los ciudadanos, corregir los abusos y castigar los excesos. En todo eso fracasaron en esta ocasión. Y si Comisiones Obreras y los manifestantes por ellas movilízados deben pagar por sus faltas, sería injusto que a los ciudadanos no se les dé una reparación política ante la impericia de quienes les gobiernan. Pues no es la primera prueba de la incapacidad de Ana Tutor para desempeñar puesto como el que ocupa y nada indica que vaya a ser la última.