Los editores de diarios españoles, contra la regulación especial de la libertad de prensa

El presidente de la Asociación de Editores de Diarios Españoles (AEDE), Alejandro Echevarría, afirmó ayer durante la quinta convención que la asociación celebra en Sevilla que las leyes especiales "vienen a acotar el ejercicio de la libertad de expresión". Echevarría dijo: "Cautelas ignominiosas y gratuitas, como las que se concretan en el actual proyecto de ley de televisión privada, nos llenan de desazón y nos sumen en un profundo dolor".El presidente de AEDE afirmó: "La Prensa no quiere privilegios, no necesita de leyes especiales. Pretende simplemente desarrollar su actividad sometida a las normas generales que rigen para toda la sociedad española". La urgencia al Gobierno para que derogue las leyes especiales o, al menos, modifique la ley de protección al honor se perfila como eje de las conclusiones de la reunión que se darán a conocer en el día de hoy.

La futilidad de las normas especiales para el desarrollo del artículo 20 de la Constitución fue defendida también por el presidente del Consejo General de la Abogacía, Antonio Pedrol Rius, en su discurso inaugural: "¿Hacen falta leyes especiales?", se preguntaba, para añadir: "Cada vez que veo una nueva regulación me asalta la duda de si no será un nuevo recorte". Pedrol expresó su convencimiento de que los medios de comunicación son el cuarto poder y deben controlar al Ejecutivo, sobre todo en las actuales circunstancias políticas españolas, "donde un solo partido tiene la mayoría".

Antonio Pedrol se refirió también al secreto profesional, del que dijo que a quien protege es .a la persona que facilita la confidencia, y, más aún, al derecho de los ciudadanos a ser informados". Para Pedrol, ese secreto tiene dos excepciones que deberían usarse "siempre con criterio restrictivo": la ley de secretos oficiales (principalmente en lo que afecta a seguridad exterior e interior) y "los casos en que está en peligro la vida, la libertad o la integridad de las personas", aunque siempre sin revelar la identidad del confidente.

Sobre el secreto profesional y la cláusula de conciencia se desarrolló la primera sesión de trabajo, en la que participaron los asesores jurídicos de La Editorial Católica, José Almagro; de EL PAÍS, Diego Córdoba; de Abc, Jesús Fernández Miranda, y del Grupo Zeta, Cristina Peña, además del secretario general de Promotora de Informaciones (PRISA), José María Aranaz. Los ponentes se mostraron contrarios a la promulgación de nuevas leyes para regular estos temas. Diego Córdoba ilustró su postura contraria diciendo que " el Gobierno amenaza con un anteproyecto de ley", mientras que Cristina Peña señaló que, "visto el anteproyecto, más vale que nos dejen como estamos".