Fraude de 200.000 millones en el uso vacacional de viviendas de protección oficial

La subvención de viviendas de protección oficial (VPO) que se utilizan en realidad como segundas residencias ha costado a las arcas públicas unos 200.000 millones de pesetas, según revela El Globo en su último número. Este fraude afecta a una tercera parte de las 400.000 viviendas construidas bajo esta fórmula, según el mismo informe.Las VPO han resultado muy atractivas para los constructores por la panoplia de facilidades que ofrece la ley para su edificación. El comprador de la vivienda puede disponer, por su parte, de una subvención estatal que rebaja en varios puntos, mas o menos según los casos, los intereses de las hipotecas. Para acceder a las ayudas estatales a las VPO es preciso tener un sueldo inferior a las 140.000 pesetas mensuales (3,5 veces el salario mínimo) y certificar que la casa en cuestión constituirá la residencia oficial.

Los constructores han dirigido gran parte de sus actividades dentro de la VPO a zonas costeras, hasta llegarse a desproporciones como la detectada en la población costera de Cunit (Tarragona), donde para una población estable de 5.859 habitantes se han edificado 1.028 VPO. La Administración ha pasado por alto, sin embargo, incongruencias de este calibre, de detección aparentemente sencilla.

Presumiblemente, los particulares han conseguido reunir la documentación necesaria para optar a la VPO falsificando en muchos casos su nivel de ingresos -en connivencia con su empresa- y empadronándose en los lugares de veraneo. Según el MOPU, la mayoría de las VPO de las provincias costeras son segundas residencias.