El Gobierno aprueba un proyecto de ley para que se reduzca la admisión de recursos de amparo

El Consejo de Ministros, presidido ayer por el vicepresidente del Gobierno, Alfonso Guerra, aprobó un proyecto de ley por el que se pretende aligerar el atasco de recursos de amparo presentados ante el Tribunal Constitucional. Éstos han crecido a ritmo vertiginoso, a pesar de que sólo el 13% de los mismos se resuelven por sentencia. La modificación había sido solicitada por el presidente del alto Tribunal, Francisco Tomás y Valiente.El proyecto trata de simplificar él procedimiento para negar la admisión a trámite de recursos de amparo. En caso de que los miembros de la sección afectada estén de acuerdo en la negativa, se establece una única posibilidad de recurso, la del ministerio fiscal, y el auto correspondiente no será recurrible. La modificación se introducirá en el artículo 50 de la actual ley orgánica del Tribunal Constitucional.

El Gobierno aprobó también fórmulas para la constitución de órganos representativos de los emigrantes, con funciones consultivas. Una de esas fórmulas consiste en formar consejos de residentes españoles en todas aquellas circunscripciones consulares que cuenten, al menos, con setecientos inscritos.

A su vez, se constituye en España un Consejo General de la Emigración, cuya dirección estará nombrada por el Ministerio de Trabajo. En dicho consejo participarán las comunidades españolas en el extranjero, las organizaciones empresariales y sindicales y distintos departamentos de la Administración. Se atribuye a dicho organismo la formulación de propuestas y recomendaciones sobre política migratoria.

Otro proyecto aprobado por el Ejecutivo es la remisión a las Cortes de la ley de marcas, que sustituirá a la regulación vigente, que data de 1929. El incremento de las marcas en España ha sido espectacular, pasando de 34.000 solicitadas durante 1978 a más de 55.000 en el año pasado.

El proyecto prevé la caducidad de la marca si no se usa cierto tiempo después de ser registrada, con el fin de evitar que se inscriban marcas que no se piensan usar o cuyo uso se difiere indefinidamente en el tiempo. Más de un millón de marcas están registradas en la actualidad, muchas procedentes del siglo pasado.

Un gran número de ellas no se encuentran en uso e impiden a numerosas empresas encontrar denominaciones que puedan registrarse como marcas.

También refuerza los derechos de los titulares de marcas, frente a competidores poco escrupulosos. A su vez, reserva a la Administración un procedimiento de comparación de marcas solicitadas con las ya registradas.

El Consejo de Ministros acordó, igualmente, subvenciones de 5.506 millones de pesetas para grandes áreas de expansión industrial.

En el capítulo de nombramientos, sólo se produjo el de Ramón Pérez Cimarro como secretario general técnico de Industria y Energía.