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Editorial:

Despilfarro en Guinea

LA INSPECCIÓN realizada sobre los resultados de la cooperación con Guinea Ecuatorial, según publicaba ayer EL PAÍS, ha descubierto hechos realmente irritantes desde muchos puntos de vista. Esa cooperación se realiza violando las normas administrativas y presupuestarias más elementales. En el informe entregado a los responsables del Ministerio de Asuntos Exteriores abundan los casos de evidente despilfarro y de posibles corrupciones: desde irregularidades en la contratación de personal guineano, gratificaciones a personas que no figuran en ninguna plantilla, pagos sin retención del IRPF ni de la Seguridad Social, hasta las carencias de inventario, los automóviles cuya propiedad no está clara, el uso de aviones para fines ajenos a su función, los errores en los libros de contabilidad (cuando los hay), la existencia de una caja B para gastos que no están en los presupuestos... Todo ello deja una impresión general de descontrol total sobre cuantiosas inversiones hechas con el dinero del contribuyente. Hay serias responsabilidades por medio, y es preciso conocer qué medidas se piensa tomar.Este caso confirma que el funcionamiento de nuestra política de cooperación adolece de enormes debilidades. Después de muchas quejas justificadas sobre la dispersión en diversos ministerios de los problemas de cooperación exterior, la creación de la Secretaría de Estado en el Ministerio de Exteriores debía garantizar que hubiese una política, un centro que coordinase las diversas esferas y un control. No parece que se haya conseguido.

Pero el problema de Guinea tiene otro aspecto, y es el de saber qué estamos haciendo ahora en aquel país. Después del golpe que, en 1979, puso fin a la sanguinaria dictadura de Macías y colocó en el poder al coronel Obiang, España anunció que asumiría la responsabilidad de ayudar a los guineanos en su proceso descolonizador y de modernización. Hubo mucha retórica, pero también inversiones muy elevadas. Con toda probabilidad, de ellas se desprendieron grandes negocios para algunos, ya que permanecen enormes zonas de oscuridad sobre los hechos. Pero, como Estado, España ha fracasado en esa empresa. Y era en cierta medida previsible: España no tenía ninguna experiencia de unas relaciones poscoloniales de ese género. A partir de los años 1983-1985 se perfiló la orientación del presidente Obiang a distanciarse de España y a acercarse a Francia. Evolución lógica si se tiene en cuenta que Guinea está prácticamente encajada entre Gabán y Camerún, países de la zona de influencia francesa. Algunos políticos españoles, sobre todo en cargos económicos, consideraron que a España le podía interesar esa evolución, si permitía aliviar nuestra carga financiera. En todo caso, en 1985, Guinea Ecuatorial tomó medidas concretas para asociarse al grupo de países, africanos francófonos, al integrar su moneda, el ekuele, en la zona del franco de África Central.

De ello España debería haber sacado conclusiones claras, buscando con el territorio de Guinea Ecuatorial relaciones de un carácter completamente distinto de las anteriores. No ha sido así. Ha permanecido, por la fuerza de esa rutina que acartona a nuestra Administración y por un concepto viejo y poco realista del interés nacional, el mito de que España debía seguir dando prioridad a Guinea Ecuatorial en su política de cooperación exterior. Hay una incongruencia radical entre las sumas que invertimos en Guinea -si comparamos, por ejemplo, con América Latina- y el escasísimo fruto que esa inversión puede dar. Sobre todo a la luz de las consecuencias que tiene la escasez de nuestros medios en otras zonas esenciales para nuestra política exterior. Si las irregularidades descubiertas en Guinea Ecuatorial ayudan a poner este tema sobre la mesa, habrán tenido algo positivo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 27 de octubre de 1987