Silencio del Opus Dei sobre su petición de exenciones fiscales
ENVIADO ESPECIAL La oficina de prensa del Opus Dei en Roma no quiso hacer ayer ningún comentario -a requerimiento de este diario- sobre la voluntad del Vaticano de introducir las prelaturas personales en los acuerdos firmados entre España y la Santa Sede.
El nuevo Código de Derecho Canónico, que reconoce las prelaturas personales, es posterior a la firma de los pactos parciales y, por tanto, más quede una modificación -según las citadas fuentes- habría que hablar de una lectura amplia del espíritu del acuerdo, en cuyo contexto y sin recurrir al procedimiento parlamentario se procedería a la revisión.
Las órdenes religiosas, al igual que las figuras de la propia Conferencia Episcopal española, están contempladas en los acuerdos, de 1979. El estatuto jurídico de las prelaturas personales -la única existente es el Opus Dei y depende de la congregación de los obispos- les da un ámbito geográfico superior a las fronteras reconocidas internacionalmente.
Cláusula adicional
Sin embargo, cuentan con un vicario en cada uno de los Estados donde se halla extendida la obra. Eso facilitaría, según medios eclesiásticos, un reconocimiento de hecho, que se podría solucionar- con una cláusula adicional, sin necesidad de que pasara por las cámaras legislativas. En última instancia -según estas fuentes- la solución estaría en manos del Gobierno.El Opus Dei consideraría éste el proceso más acertado. Sin embargo, fueron los propios representantes del Ejecutivo quienes no quisieron que la única prelatura personal existente obtuviera beneficios fiscales. En la reunión que la comisión mixta celebró el pasado mes de julio, la Iglesia intentó que el Opus Dei obtuviera exenciones en temas referentes al impuesto sobre el valor añadido.
La actitud del Gobierno entonces permite pensar que es probable una negativa a introducir una cláusula adicional sustrayéndose así el debate parlamentario. Ello podría acarrearle críticas incluso en el seno de su propio partido.
En opinión de medios eclesiásticos se matiza que quizá la Iglesia no ha medido el alcance que una revisión de los acuerdos por el trámite parlamentario pudiera tener. La respuesta del Ejecutivo se descarta que sea inmediata, según medios políticos, y ,tampoco parece que el Vaticano tenga prisa en conseguir el reconocimiento de la prelatura personal.
El Estado, según el texto de los acuerdos, ha reconocido a todas aquellas entidades religiosas con personalidad jurídica civil que en la fecha de entrada en vigor de los pactos han pasado automáticamente a estar contempladas a todos los efectos. Sin embargo, las que se constituyeron canónicamente con posterioridad a la firma deben inscribirse haciendo una declaración estatutaria de su funcionamiento, así como de sus órganos de representación y fines.
