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El Gobierno colombiano acepta abrir un diálogo, pero no una negociación, con la guerrilla

Antonio Caño

ENVIADO ESPECIAL El Gobierno colombiano acepta reabrir un diálogo con la guerrilla sobre la forma en que ésta se incorporará a la vida civil, pero no está dispuesto a negociar con los insurgentes las reformas políticas necesarias para el país, según ha anunciado el líder del Partido Liberal, en el Gobierno, Eduardo Mestre.

El máximo dirigente liberal declaró ayer a EL PAÍS que el Gobierno está de acuerdo en iniciar negociaciones con los guerrilleros para evitar una generalización de la guerra, con lo que los alzados en armas habían amenazado después del asesinato, el pasado domingo, del dirigente de izquierda Jaime Pardo Leal.

Mestre añadió que los liberales incluso decididos a "dar un viraje" en la política mantenida hasta ahora y abrir un diálogo sin exigir previamente la entrega de las armas, "porque tenemos que reconocer que no hemos vencido a la guerrilla". Pero advirtó que esta negociación abarcará solamente las condiciones en que los insurgentes abandonarán la violencia.

Mestre aseguró que no se aceptará que la guerrilla influya en la política de reformas políticas y agrarias que el partido tiene previstas ni que los insurgentes mantengan zonas bajo su control militar. "La guerrilla tiene que entender que las fuerzas armadas tendrán vigencia sobre todo el territorio nacional", dijo.

Tras el asesinato de Pardo Leal, la Coordinadora Guerrillera Simón Bolivar, asociación de varios grupos insurgentes que se ha convertido, probablemente, en la fuerza guerrillera más importante de América Latina, emitió un comunicado en el que solicitaba un diálogo con el Gobierno sobre el futuro de Colombia para evitar la guerra civil.

Esta petición fue reiterada el jueves por Unión Patriótica, fuerza política próxima a la guerrilla, en una carta dirigida al presidente Virgilio Barco para anunciarle que sus dirigentes no acudirían a la cita en el palacio presidencial ese mismo día.

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Barco y los militares

Quienes sí se reunieron con el presidente fueron los altos jefes militares, que defendieron ante Barco la necesidad de mantener en su puesto al actual ministro de Defensa, general Rafael Samudio. El ministro ha sido acusado por la Unión Patriótica como uno de los responsables de los grupos paramilitares que actúan en el país.

Por otra parte, ayer se vivieron momentos de tensión en la localidad de San José del Guaviare, al este del país, donde la noche del jueves fue decretado el toque de queda después de que el Ejército detectara la presencia de guerrilleros en las marchas campesinas de protesta que recorren diversas zonas del país desde el asesinato de Pardo Leal.

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