La Administración prepara una ofensiva contra Prodiecu

La Administración, de acuerdo con todas las comunidades autónomas y los gobiernos civiles, clausurará en todo el país las delegaciones de la sociedad Prodiecu para impedir la venta de los cupones ilegales que venden los minusválidos afiliados a esa organización. El plan, denominado Boleto 87, se llevará a cabo de forma coordinada en todas las comunidades a finales de este mes de octubre, según fuentes relacionadas con el Ministerio del Interior.

Jose Luis Martín Palacín, subsecretario del Ministerio del Interior, se reunió la pasada semana con todos los gobernadores civiles para preparar una estrategia conjunta. En la operación participarán la Inspección de Juegos y Apuestas, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil, la Brigada Especial del Juego y policías locales.Boleto 87, según un portavoz de la Comisión Nacional del Juego, no va dirigido contra los vendedores. "Sólo se requisarán los cupones y se perseguirá a los responsables provinciales de la empresa encargada de la distribución de los billetes", aseguró la misma fuente.

La competencia sobre el juego está transferida ya a la mayor parte de las comunidades autónomas, que pueden planear por su cuenta intervenciones policiales. Las direcciones generales del juego de las distintas comunidades han comenzado a remitir a los alcaldes unas circulares donde les dan instrucciones precisas "para lograr el total desabastecimiento de estos boletos, impedir su venta e intervenir cuantas existencias tengan los vendedores".

"Juego sucio"

Prodiecu, una sociedad anónima presidida por Andrés Rodríguez, de 50 años, edita ilegalmente cupones que se venden por todo el país, al precio de 100 pesetas. El número premiado es el mismo del sorteo que realiza la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios, de 250.000 pesetas al cupón, los distribuyen por las calles 12.000 vendedores, de los cuales 2.700 son minusválidos, según datos oficiales. Los trabajadores de Prodiecu aseguran que son 7.000 minusválidos. La red de distribución¡ de estos cupones está centrada principalmente en Cataluña y Andalucía, y su venta proporciona a la empresa unos ingresos diarios de 40 millones.

La ONCE edita diariamente 99.999 números, pero no hay garantía para el usuario de que Prodiecu tire la misma cantidad. La Comisión Nacional del Juego, organismo que depende del Ministerio del Interior, considera que "Prodiecu, al no estar registrada ni controlada, puede jugar en cada sorteo con el 50% de posibilidades a su favor, puede no editar tantos cupones como números, lo que representa una estafa para el usuario", al poder tocarle el premio a la propia organización sin que nadie lo sepa.

"Esta sociedad", según la misma Fuente, "es un bluff desde el principio hasta el final. A los empleados se les retiene el impuesto de rendimiento de las personas fisicas (IRPF), pero luego no se ingresa en Hacienda, y los trabajadcres consiguen salarios mucho más bajos que los vendedores de la ONCE".

La Administración acusa a esta, sociedad también de utilizar como arma arrojadiza a los minusválidos, "cuando la mayor parte de los vendedores no lo son". Desde 1984, fecha en que se creó esta sociedad, se han realizado operaciones policiales similares, y ya existen dos sentencias del Tribunal Supremo en las que se declara ilegal este juego. Los dirigentes de Prodiecu están procesados y pendientes de juicio por el Juzgado número 18 de Barcelona.

Por otra parte, la Confederación Nacional de Minusválidos -organismo que, según la Administración, fue creado por la propia Prodiecu- ha manifestado su más absoluta repulsa a los planes policiales que se llevarán a cabo en los próximos días. La Confederación acusa de ilegalidad a la ONCE: "El cuponazo no ha obtenido los permisos necesarios". Esa afirmación se basa er que la campaña de publicidad fue puesta en marcha antes de que la reforma del cupón contase con la aprobación del Consejo de Ministros, trámite éste que se cumplió pocos días antes del primer sorteo del cuponazo. Para la Confederación, la única salida posible consiste en el reconocimiento de su legalidad por el Gobierno.

El colectivo de minusválidos cuenta también con otra asociación denominada Coordinadora Estatal, que actualmente colabora con la ONCE. Esta organización ha acordado acoger a 7.000 minusválidos más entre sus vendedores (actualmente cuenta con 3.000, además de 11.000 ciegos).