Suscitar una nueva voluntad política

Si en el espacio de un año, en cualquier lugar del planeta, 80 jumbo-jets se estrellaran, provocando cada uno 500 víctimas, todos los periódicos dedicarían la primera página a esa hecatombe, a esa tragedia. Todos, sin excepción, denunciarían la responsabilidad enorme de unos o de otros.Las fuerzas políticas del mundo entero, hostigadas por la opinión pública internacional, tomarían como única prioridad que se encuentren y se den a conocer las causas de los accidentes y que se tomen las medidas necesarias para ponerles fin. Todos los medios, las inteligencias, las tecnologías se movilizarían para que desapareciera esa lacra de nuestra civilización.

Y bien, cada día, 40.000 niños (el equivalente de los que podrían contener 80 jumbos) mueren de hambre en todo el mundo. Para ellos, ni primera página en los periódicos, ni presión de la opinión pública, ni compromiso prioritario de las fuerzas políticas, ni movilización de medios, ni de inteligencias, ni de tecnologías. Ni la percepción que se tiene del valor de la vida ni el imperativo político de un mínimo de protección asegurada para cada uno como primer derecho de la persona, incluso la angustia de la muerte no se basa de manera evidente sobre criterios objetivos y universales.

En realidad, a los 40 millones de niños, de mujeres y de hombres exterminados cada año por hambre, la conciencia y las políticas actuales no reservan sino una atención marginal y recursos totalmente insuficientes.

Frente a esta enorme indiferencia queda una pequeña minoría, la de los que no se resignan. Entre otros, las agencias de las Naciones Unidas y los organismos no gubernamentales. La mayoría de estos organismos se movilizan para suministrar una contribución directa a la lucha contra el hambre y el subdesarrollo. Conscientes, sin embargo, de que no representan más que una gota de agua en el desierto de muerte y desesperación que invade el sur del mundo.

En cuanto a FDI (Food and Disarmament International), este organismo ha decidido seguir un camino muy específico. Esta decisión se basa sobre dos consideraciones precisas:

-No es posible movilizar todos los recursos, aunque existan, para construir un nuevo orden allí donde la preservación de la dignidad y de la vida misma de millones de personas no coincide con el sistema de valores a los que se adhieren (por cultura o por conciencia) los individuos y los pueblos. Y es imposible, a menos de actuar en profundidad en nuestra civilización política, construir un tal sistema de valores.

-Por otra parte, no son los individuos aislados, sino la colectividad internacional, por medio de sus instituciones nacionales y supranacionales, que pueden y deben responsabilizarse de la guerra contra el subdesarrollo y el exterminio por hambre. Porque lo que está en juego no es solamente la afirmación de los principios de solidaridad internacional sino, ante todo, la defensa de los principios del derecho universal, sin la cual la humanidad sucumbiría a la barbarie y a la violencia.

Mientras que la defensa del derecho a la vida no produzca decisiones nacionales e internacionales comparables en calidad y en cantidad a las que se ponen en práctica, por ejemplo, con el derecho de la navegación en aguas internacionales, la lucha contra el hambre quedará relegada a la marginalidad.

Los proyectos del FDI

Estas premisas justifican los proyectos de Food and Disarmament International para los próximos años:

-Actos de información y de formación de la opinión pública y de los medios de comunicación para que el hambre en el mundo se perciba como lo que es en realidad: una violación insoportable de los derechos fundamentales de la persona y una amenaza a la seguridad misma del mundo entero.

-Actos de presión para que las instituciones parlamentarias nacionales voten leyes y presupuestos con el fin de comenzar una guerra eficaz contra el exterminio por hambre.

-Actos de presión para que las instituciones internacionales, y en particular las Naciones Unidas, consideren el exterminio por hambre como una amenaza a la seguridad, una amenaza suficientemente grave como para suscitar la adopción de medidas comparables a las que se toman en caso de conflicto militar.

En resumen, tenemos la intención de trabajar para que el sistema de valores y el sistema político de nuestros países democráticos, por medio de las instituciones nacionales e internacionales, afirmen con actos gubernamentales que el derecho a la vida no esté subordinado a ningún otro derecho, ni a ninguna razón de Estado.