Francia y España desean que la colaboración contra las organizaciones armadas se amplíe al ámbito europeo

Los responsables de Interior franceses y españoles desean que la colaboración antiterrorista entre los dos países supere la actual etapa de estrecha colaboración y contacto y pase en breve plazo a un nuevo tipo de acción de ámbito europeo. Ésta es la principal reflexión que realizan medios diplomáticos franceses después de la drástica actuación policía en el País Vasco francés que ha llevado a la expulsión de 69 vascos de terrritorio francés y a la detención de cuatro destacados militantes de ETA -Santi Potros, Iñaki Picabea, González Valderrama, el Mono, y Mikel García Miguel, Peque.

El balance de la intensa actividad policial desplegada en la última, semana arroja un total de 50 refugiados vascos entregados a España por el procedimiento de urgencia absoluta, aplicable a las personas que representan un peligro para la seguridad francesa, y cinco más expulsados en la misma dirección por su situación irregular como extranjeros. Los detenidos que contaban con estatuto de refugiado político, incluso en situación de trámite o de recurso después de su denegación, han sido expulsados en dirección a otros países o han sido objeto de asignación de residencia en espera de expulsión. Doce han salido con destino a Argelia, cuatro con destino a Venezuela y cuatro más se han quedado en sus casas en el País Vasco francés, custodiados en espera de su traslado a otro país.El balance judicial de la redada del 3 de octubre es verdaderamente pobre: sólo un detenido, un ciudadano francés, ha sido procesado por el juez Michel Legrand, de la audiencia de París, encargado del caso. Fruto de otras acciones policiales, principalmente en torno a la detención de Potros y de Picabea, seis personas están en estos momentos en manos de la justicia francesa. Dos detenidos más del pasado miércoles, El Peque y El Mono, tenían claramente marcado el camino de la expulsión hacia España. El primero fue expulsado el jueves, mientras no ha sido confirmada todavía la expulsión del segundo. Las detenciones de estos dos cuadros terroristas han sido interpretadas por algunos medios de París como una respuesta de la Policía del Aire y de las Fronteras francesa a la operación más espectacular que eficaz organizada por el ministro del Interior el pasado 3 de octubre. Este cuerpo de seguridad quisiera demostrar, según estas interpretaciones, la escasa efectividad de las acciones masivas.

La redada del 3 de octubre se desencadenó bajo los focos de los equipos de televisión y con toda la prensa gráfica alertada. La documentación aprehendida en días anteriores, con motivo de las detenciones de Potros y Picabea, ha sido objeto de dos filtraciones importantes, una el pasado domingo y otra ayer, en una demostración más de que la represión contra ETA atrae todas las ambiciones políticas y suscita las más variadas contradicciones entre los distintos cuerpos y secciones encargados de la seguridad en Francia.

Una fuente del Ministerio del Interior lamentó, en conversación con EL PAÍS, la existencia de estas fugas de información, que, en su opinión, no contribuyen a la desarticulación del grupo terrorista.

La última publicación sobre la documentación de ETA se produjo ayer, en las páginas de Le Nouvel Observateur, donde se dan los nombres de los empresarios franceses afincados en Francia que iban a ser objeto de atentados de ETA: la hija del rey del Pernod, Michèle Ricard; el director de la cadena de supermercados Alcampo en Utebo (Zaragoza), Jean-Louis Hayndricks; el responsable de los laboratorios Pierre Fabre de Barcelona, André Szakvary; el director de la Sociedad General de Banca en Madrid, Bernard Gillon, y el industrial catalán, presidente de las bodegas Torres, Lluís Cañellas. Algunos iban a ser secuestrados y otros fría y llanamente asesinados, con el fin de aterrorizar a los franceses ante el cambio de actitud de su Gobierno. De la misma documentación se desprende que ETA cuenta con una base de investigadores, militantes de base cuya única función es recoger información, que cobran entre 1.000 y 2.000 francos al mes (entre 20.000 y 40.000 pesetas). El número de estos informadores sería, según esta documentación, de unas 2.000 personas en España y de unas 500 en Francia.

Estas bases de informadores y apoyos de ETA son las que habrían sido seriamente alcanzados por el golpe policial del 3 de octubre, a pesar de que su eficacia ha sido puesta en duda por la oposición socialista, que lo ha percibido como una acción electoralista, y por el propio obispo de Bayona, Pierre Maleres. Los medios más próximos al independentismo, por su parte, han comparado las actuaciones policiales a la acción de los nazis durante la ocupación alemana.

El Ministerio del Interior, en cambio, aseguró a este periódico que las detenciones masivas suponían la desarticulación de una gran parte de la base logística de ETA en Francia. "No todos los detenidos son generales de un ejército, sino que hay muchos soldados", aseguró esta fuente. Y añadió: "Pero un general sin soldados no puede hacer nada".

Valderrama, inculpado

Por otra parte José Ramón González Valderrama, El Mono, considerado como el máximo especialista de ETA en la fabricación de explosivos, permenece detenido en Francia, pese a que algunas informaciones del jueves aseguraban que había sido entregado a las autoridades españolas. Ayer fue inculpado en París, por el juez Michel Legrand, de asociación de malhechores "en relación con una inciativa individual o colectiva cuyo objetivo es alterar el orden público a través de la intimidación o el terror".