Pelotón de Túnez
DOS DE los condenados a muerte en el gran proceso contra el integrismo islámico que ha tenido lugar en Túnez, Mehrez Budega y Bulbala Déjil, fueron ahorcados ayer. Los otros cinco condenados a la última pena se hallan en rebeldía. La noticia de la ejecución ha causado sorpresa. Cuando hace unos días el tribunal hizo pública la sentencia, ésta fue calificada de moderada por la oposición tunecina y por la opinión internacional. De las 90 penas de muerte pedidas por el fiscal se dictaron solamente siete. Esa reacción se basaba además en la esperanza de que el presidente Burguiba haría uso de su poder de gracia, al menos a favor de los dos condenados a muerte en manos de la justicia. Tal esperanza ha contribuido a que la movilización para impedir las ejecuciones haya sido escasísima, por no decir nula. En el extranjero tuvieron lugar algunas gestiones pidiendo clemencia a Burguiba, pero no un movimiento de opinión fuerte, como en casos similares. Burguiba ha permanecido sordo a las demandas de clemencia que ha recibido, tanto desde Túnez como desde el extranjero. No sólo ha demostrado carencia de humanidad, sino que también ha cometido un grave error político.Es cierto que los dos ejecutados estaban acusados de actos de violencia, que el juicio confirmó: Budega, de fabricar bombas que causaron heridos en varios hoteles, y Déjil, de arrojar ácido sulfúrico a un dirigente del partido gubernamental. Pero el hecho político importante para Burguiba era que, a pesar de un proceso plagado de irregularidades, la sentencia había tenido una aceptación más bien positiva por parte de la oposición tunecina y de la opinión publica internacional. Su interés era evitar lo irreparable, no crear mártires. Y ha hecho justamente lo contrario. Si la pertenencia de Budega al Movimiento de Tendencia Islámica (MTI) -que era el verdadero acusado del proceso- no quedó demostrada, en cambio Déjil era el dirigente del MTI en Gafsa. Ahora se convertirá para los islamistas tunecinos en un mártir. Y es sabido el papel que los caídos en la lucha cumplen como bandera de los movimientos de ese género. Durante el proceso, algunos dirigentes del MTI propiciaron que éste evolucionase hacia una acción sobre todo ideológica y legal. Pero ahora las ejecuciones pueden empujar a la organización, con sus dirigentes condenados a muerte en la clandestinidad, a acentuar la violencia y el terrorismo.
Las dos ejecuciones de ayer tienen particular gravedad porque Túnez ha sido considerado cómo el país del norte de África más próximo a las formas de vida europeas, con un estatuto de la mujer relativamente abierto, diversos partidos, cierto pluralismo cultural, etcétera. Burguiba fue, al triunfar en la lucha por la independencia, el campeón de esos valores. Sin duda, la evolución del sistema político creado por él se ha ido vaciando de sus contenidos pluralistas. Pero en ese proceso las ejecuciones marcan un hito, un paso hacia lo peor.
Éstas no pueden ser desligadas del cambio de jefe de Gobierno que tuvo lugar cuatro días antes. Todo indica que el destituido Rachid Sfar, economista y universitario, no era partidario de que corriese la sangre. Le ha sustituido el general Ben Alí, formado en los servicios secretos y especialista en los métodos represivos. Precisamente en el momento en que Túnez puede resolver algunos de sus contenciosos externos más graves, como el de las relaciones con Libia, la sucesión del anciano Burguiba -que tiene ya 84 años- se prepara por un camino que lleva a la dictadura militar. Es un hecho grave, si se tiene en cuenta que Túnez ha sido una excepción de poder civil en una zona en la que abundan los Gobiernos encabezados por militares.
