El acusador particular pide 207 años para el procesado por corrupción de menores

El acusador particular, Antonio Arroyo, solicitó ayer en sus calificaciones definitivas 207 años y siete meses de prisión para Arturo Carrasco, el principal encausado en la red de prostitución infantil desarticulada en Valencia. El acusador particular defiende los intereses de los padres de cuatro de las siete niñas que fueron rescatadas de esta red por la policía. Arroyo estima que Arturo Carrasco es responsable de varios delitos de corrupción de menores, rufianismo, violación, lesiones, amenazas y falsificación.

La acusación modificó sus calificaciones provisionales e introdujo, por vez primera en este juicio, el delito de violación. Arroyo imputa a Carrasco cinco delitos de corrupción de menores y rufianismo, nueve de violación, un delito continuado de violación, dos de amenazas, uno de falsificación y dos faltas de lesionesAsimismo, el acusador particular pidió 20 años de reclusión menor para Francisco Carrasco, hermano del anterior, por otro delito continuado de violación. Estos 20 años deben sumarse a los 21 años que los acusadores -el fiscal y el particular- ya pedían de forma provisional y ahora definitivamente. Por su parte, Olegario Ballesteros, también procesado, ha visto como los 26 años de prisión que le reclamaban antes de comenzar la vista oral se han convertido en 60 años, tras serle imputados también dos delitos de violación. Para todos los procesados se reclaman ahora, en conjunto, más de 500 años de privación de libertad.

Finalmente, la acusación solicitó indemnizaciones de siete y nueve millones de pesetas para las siete menores que fueron rescatadas de la red. El fiscal estima que existen delitos de corrupción de menores y rufianismo pero no de violación, y pide indemnizaciones de tres millones de pesetas para las niñas.

Jesús Sancho-Tello, defensor de los tres principales encausados -Arturo y Francisco Carrasco, y Olegario Ballesteros- anunció que presentará sus conclusiones en la sesión de hoy, martes. Los restantes 26 abogados pidieron la absolución de sus defendidos. Tras la modificación de las conclusiones de Sancho-Tello dará comienzo la lectura de los informes.

La red de corrupción de menores fue desarticulada por la policía valenciana hace más de dos años. En un primer momento fueron procesadas 41 personas, pero finalmente han quedado 34 encausados. Uno de ellos se encuentra en rebeldía y no está siendo juzgado ahora. En el banquillo de los acusados se sientan 32 personas, mientras que un abogado, al que se acusa de provocación al uso público de nombre falso, toma asiento, vestido con toga, entre los defensores.

Arturo Carrasco acudió ayer esposado, por vez primera, a la vista oral. Se encontraba en situación de libertad provisional pero la dirección de la prisión de Valencia ha decidido revocar su libertad debido a que no observó las normas de entrada y salida del recinto.