El precio de la euforia

LA TENDENCIA general registrada en las bolsas españolas a lo largo de los últimos meses refleja en cierta medida el clima de euforia económica que parece haberse apoderado del país. Existen, sin lugar a dudas, elementos objetivos que justifican este clima, pero hay que convenir, aun reconociéndolos, que no es oro todo lo que reluce y que en algunos casos la euforia tiende a oscurecer los rasgos de algunas operaciones que en otros países habrían provocado la intervención de las autoridad de tutela para al menos garantizar la transparencia del mercado.Tal es el caso, por ejemplo, de las actuaciones de quienes provocan mediante declaraciones y campañas de opinión cuidadosamente calculadas el alza espectacular de valores correspondientes a empresas sobre cuya viabilidad a corto y medio plazo cabe albergar las más expresas reservas y que parecen descubrir de la noche a la mañana la piedra filosofal del saneamiento instantáneo y sin esfuerzo. La posibilidad de maniobras de este género se ve acrecentada por el arcaísmo de la regulación bursátil española y por la tolerancia de algunos sectores de la Administración, que parecen dedicar más atención a dirimir querellas internas que a ocuparse con rigor de los intereses generales de la nación, entre los que se encuentra la protección de los pequeños ahorradores.

La ausencia de una normativa adecuada que regule el funcionamiento de las bolsas españolas se hace sentir cada vez con mayor apremio: existe un proyecto de ley que teóricamente debe rellenar esta laguna y acabar con una situación de interinidad que en algunos aspectos viene de la guerra civil, pero las autoridades no se deciden a presentarlo al Parlamento, aparentemente como consecuencia de las presiones corporativistas de los interesados en que nada cambie.

Mientras tanto asistimos a una especie de carnaval de plusvalías en operaciones puramente especulativas cuya base real suele brillar por su ausencia. El dinero fluye a la bolsa atraído por la esperanza de una ganancia fácil en un corto espacio de tiempo. El deseo de ganar dinero es lógico y no hay nada que objetar; el problema surge cuando la ganancia se obtiene mediante un acceso privilegiado a la información confidencial de las compañías o sobre la base de promesas irrealizables, o cuando resulta de una posición institucional en la que existe una clara contradicción entre el interés público y el privado. Las autoridades pueden y deben intervenir para evitar estas situaciones y garantizar así el desarrollo ordenado de un mercado transparente en donde las posibilidades de acceso a la información sean iguales para todos y en donde la ganancia tenga como fundamento último la buena marcha de las empresas. Al fin y al cabo, el accionista es un partícipe de la aventura empresarial y no el poseedor de un boleto de bingo. Lo que está ocurriendo en algunos segmentos de los mercados de valores nacionales se asemeja más al juego de la ruleta que a un mercado de capitales, con la peculiaridad de que algunas fichas parecen tener siempre premio.

Se trata de una situación que no puede prolongarse indefinidamente. La lógica de los mercados de valores es que las cotizaciones suban y bajen como consecuencia del juego de las fuerzas que se encuentran en la base de la economía. Las autoridades públicas deben organizar estos mercados con la debida transparencia, eliminando, los factores que intensifican artificialmente estos movimientos, ya que de otra manera lo que puede producirse a término es una pérdida de confianza en las instituciones fundamentales de la economía de mercado. Tal vez esto carezca de importancia para quienes han conseguido en muy poco tiempo plusvalías millonarias, pero no debiera dejar indiferentes a los responsables del buen funcionamiento de estas instituciones. La reforma del mercado de valores no debe aplazarse por más tiempo.