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El fiscal pide dos años de prisión para tres catalanistas por quemar unas banderas españolas

Tres independentistas, Josep Miguel Segura, Francesc Puy y Joan Ignasi Cid, fueron juzgado ayer en la Audiencia de Barcelona y podrían ser condenados a dos años de prisión, por quemar unas banderas españolas el 22 diciembre de 1985, cuando se manifestaron junto a otras 2.000 personas por las calles de Barcelona reclamando la aplicación de la amnistía a los presos políticos catalanes.

El ministerio fiscal reclama también para estos tres mismos procesados otros tres meses de prisión por un delito de desórdenes públicos, cometidos en el mismo acto de protesta. Cuando sucedieron los hechos todos ellos tenían entre 16 y 17 años.

Otros cinco acusados

En la vista oral, celebrada ayer en la Sección Segunda de lo Penal fueron juzgados asimismo otros cinco independentistas -Joan Morales, Jordi Sicart, Ramon Corchet, Albert Gonzalez y Maríz Sierra Rialp- acusados de un delito de desórdenes públicos presuntamente realizado en el transcurso de la misma manifestación. Por este delito se reclama para este segundo grupo de acusados unas penas que oscilan entre tres meses y un año de cárcel.Según el ministerio público, los incidentes se produjeron en la Portaferrisa, la plaza de Catalunya y la calle Balmes, donde los manifestantes descolgaron tres banderas españolas, las destrozaron y posteriormente las quemaron. Los procesados, según el acta de acusación, formaron parte del grupo que luego intentó volcar un autobús, prendió fuego a los desperdicios contenidos en un contenedor de basuras y arrojó piedras y canicas de vidrio contra los cristales de un escaparate de unos grandes almacenes.

Todos los acusados negaron ayer, en el juicio oral, su participación en los incidentes, por lo que sus defensores solicitaron la absolución, estimando que las pruebas presentadas por el ministerio público eran endebles.

En el transcurso de la vista los defensores pidieron a la sala que se suspendiera el juicio, ya que no habían sido citados como testigos dos policías que habían detenido a los acusados, pero el tribunal desestimó la petición.

El juicio oral contra los independentistas se celebró entre grandes medidas de seguridad. Fuerzas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil custodiaron durante toda la mañana la sala y sus accesos.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 22 de septiembre de 1987