Gobierno decide los seguros obligatorios de viajeros, que son gestionados con grandes beneficios

El Gobierno ha decidido privatizar desde el próximo año los seguros obligatorios de viajeros, ejercidos en exclusiva desde 1928 por el sector público y que registran grandes márgenes de beneficios. La medida ha sido concebida con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y, sobre todo, de facilitar y agilizar el cobro de indemnizaciones, aun cuando ello entrañe el riesgo de que las compañías privadas eleven el precio de dichos seguros.

La privatización de los seguros obligatorios de viajeros, así como su extensión a modalidades hasta ahora no cubiertas -el metro y los transportes urbanos de superficie-, han sido incluidas en el anteproyecto de ley de Presupuestos del Estado para 1988.El texto de este anteproyecto que maneja el Consejo de Ministros autoriza también al Gobierno a publicar en el plazo de seis meses un decreto para elevar las indemnizaciones de dichho seguro. Fuentes del Mininerio de Economía y Hacienda, del que debe surgir el proyecto de decreto una vez que las Cortes aprueben la ley de Presupuestos, han informado que se trabaja con la idea de duplicar al menos el nivel actual de las indemnizaciones. En el caso de muerte de los viajeros, éstas podrían pasar así desde los tres millones de pesetas hasta seis o siete millones.

Fuerte rentabilidad

Desde el año 1928, la cobertura de todos los transportes de viajeros asegurados obligatoriamente es ejercida por el sector público, primero por la antiguaComisaría de Viajeros y posteriormente por el Consorcio de Compensación de Seguros, organismo autónomo estatal dependiente del Ministerio de Economía y Hacienda. Se trata tanto de los seguros obligatorios del transporte regular por carretera como de los que cubren los riesgos del transporte de viajeros por ferrocarril o por vía marítima.Datos provisionales correspondientes al ejercicio de 1986 indican que los ingresos del Concorsio de Compensación de Seguros por este concepto han superado los 1.900 millones de pesetas. En cambio, las indemnizaciones pagadas por siniestros quedaron en 249 millones de pesetas. La rentabilidad económica de este servicio público, cuya prestación tiene mínimos costes de personal en comparación con los seguros privados, está reforzada por los rendimientos financieros de las reservas acumuladas por dicha modalidad de seguro, rendimientos que el pasado año alcanzaron los 715 millones.

Sin embargo, el Consejo de Ministros ha considerado, según las citadas fuentes del Ministerio de Economía y Hacienda, que este servicio público dista de ser eficaz. El principal argumento utilizado al respecto es que las indemnizaciones a que tienen derecho los viajeros afectados por siniestros deben sortear numerosos trámites administrativos, por lo que en el mejor de los casos tardan meses en ser cobradas por los siniestrados o por sus familiares.

Aunque la privatización y la subida de las indemnizaciones problemente eleven el precio del servicio piara el público, la medida pretende ganar eficacia y rentabilidad social través de la libre competencia.