Los obispos y el Gobierno

LA DECISIÓN del Gobierno de exonerar a la Iglesia católica del pago del impuesto sobre el valor añadido (IVA) de las obras de construcción de lugares de culto y, por otra parte, la destitución de Gonzalo Puente Ojea como embajador ante el Vaticano parecen indicar la voluntad del Ejecutivo de cerrar paso a cualquier resurgimiento de conflictos en las relaciones Iglesia-Estado. El Gobierno ha apostado decididamente, siguiendo criterios de un pragmatismo notable, por adelantarse a cualquier eventual apertura de ese potencial frente de desestabilización que siempre ha sido la cuestión religiosa en España.Si se tiene en cuenta el papel jugado por cuestión tan propensa a suscitar reacciones de intolerancia en nuestra historia contemporánea, se comprende la prudencia de los socialistas, una de cuyas primeras iniciativas, nada más tomar posesión Felipe González, fue la de crear, en enero de 1983, una comisión mixta Gobierno-Conferencia Episcopal para el estudio y resolución de los problemas planteados por las relaciones Iglesia-Estado. Las dos decisiones que comentamos son, con probabilidad, resultado de acuerdos alcanzados en la última reunión celebrada por dicha comisión, en julio pasado.

Pero ambas decisiones reavivan las sospechas sobre los sistemas empleados en España por la jerarquía católica de signo más conservador, que se aprovecharía de su autoridad sobre las conciencias, y del temor que tal influencia suscita en el poder civil, para obtener privilegios específicos. Y esa sospecha alimenta la simétrica: la de que el Estado, aconfesional, ceda a los requerimientos de un credo religioso que, por muy entrañado que esté en la historia y cultura del país, no deja de representar solo a un sector -y de ninguna manera unívoco- de la propia sociedad.

La Constitución de 1978, fruto de un complicado consenso, rechazó tanto el anticlericalismo implícito de la Constitución de la II República como el confesionalismo explícito del franquismo. El artículo 16 proclama que "ninguna confesión tendrá carácter estatal", pero en el mismo párrafo se ordena a los poderes públicos "tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española" y mantener "las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones". Dicho artículo suscitó apasionados debates durante la discusión constitucional. Hay que reconocer, a punto de cumplirse una década de vigencia de nuestra Carta Magna, que fue un mérito de los constituyentes evitar que la naciente democracia viera frustrado su desarrollo por querellas religiosas como las que tantas veces ensombrecieron y ensangrentaron a este país. La Iglesia misma había facilitado el camino: los obispos, en una iniciativa inédita en nuestra historia y digna de todo encomio, reconocieron colectivamente los errores cometidos durante su larga colaboración con el franquismo, y pidieron públicamente perdón por ello.

La voluntad de concordia y la filosofía pactista que han presidido la acción de los sucesivos Gobiernos democráticos está por ello justificada. -Pero no es evidente, a la vista de acontecimientos recientes, que la política de guante blanco practicada por la comisión Iglesia-Estado haya servido para moderar las ansias confesionalistas de algunos obispos españoles que reverdecen sus nostalgias al hilo de los nuevos vientos del Vaticano. Es a ellos, y a los católicos españoles en general, a quienes toca demostrar con hechos que no quieren ninguna situación de privilegio y que están dispuestos a participar en la construcción de una sociedad civil pluralista en condiciones de igualdad respecto al resto de los ciudadanos.