El Ejecutivo canario espera que la Administración central facilite la puesta en marcha del nuevo régimen fiscal

El Gobierno autónomo de Canarias confía en que la Administración central facilite las negociaciones a dos bandas para que las islas puedan disponer en 1989 de un nuevo Régimen Económico (REF), una especie de fueros históricos, cuyos orígenes se remontan a un real decreto de 1852. En enero pasado, al final de la pasada legislatura, el Parlamento regional aprobó, por amplia mayoría, un documento de discusión para plantear a Madrid, en el que se recogían los principios de la reforma del marco económico y fiscal del archipiélago, que se encuentra fuera de la unión aduanera comunitaria. El actual REF data de 1972. El presidente del actual gabinete autonómico (formado por una coalición de centro-derecha nacionalista), el centrista Fernando Fernández Martín, anunció en su discurso de investidura la elaboración de un texto articulado que se inspiraría en el citado documento-base, "sin perjuicio de la corrección y, en su caso, modificación de los puntos más contradictorios y ambiguos".

Libertad comercial

En su intervención adelantó que el nuevo REF consagrará la libertad comercial de las islas y contemplará la creación de una Zona Especial capaz de promover nuevas actuaciones comerciales, industriales y financieras.El modelo de REF propuesto por la Cámara legislativa canaria, a instancias del anterior Gobierno autónomo (del PSOE), intenta6a compatibilizar una política de libre comercio con la aplicación de medidas proteccionistas para la producción de sectores económicos que habían hecho públicas algunas reservas a las pretensiones del Ejecutivo canario saliente.

De cualquier forma, el aspecto de esta propuesta que suscitaba mayores recelos en las esferas del Ministerio de Hacienda en Madrid era el referido a la creación de un sistema de imposición indirecta (en Canarias no se aplica el IVA) del que serían titulares el Gobierno canario y los cabildos. La capacidad de recaudación por este concepto se había estimado, tomando como referencia este año, en 30.000 millones de pesetas anuales.

El nuevo consejero de Hacienda de la comunidad autónoma, José Miguel González, considera que Madrid debe aceptar la necesidad de unificar la imposición indirecta en el archipiélago para dar racionalidad al proceso fiscal al tiempo que "proporcionar los recursos para las corporaciones locales". No obstante, el consejero no se ha decidido por el tipo de impuesto y baraja la posibilidad de aplicar gravámenes a la producción, el consumo y otras actividades económicas.

A pesar de la celeridad imprimida por el Gobierno del pacto de progreso (formado por socialistas, comunistas y nacionalistas), que presidía el PSOE en la anterior legislatura, las conversaciones con Madrid no llegaron a traducirse en compromisos concretos.

Fuerzas políticas del archipiélago han censurado al Gobierno central la lentitud en enviar la reforma del REF a las Cortes, cuyo anteproyecto de ley debe contar previamente con el informe favorable del Parlamento autónomo.